De la iniciativa legislativa popular promovida por las JJGG de Araba en el Parlamento autonómico poco queda, y mientras el PNV defiende cómo se modificó desde la misma tramitación esa propuesta, los apoderados alaveses de EH Bildu y Ezker Batua lo calificaron de «fraude» y confesaron su «insatisfacción» por el resultado de 16 meses de trabajo. Lo hicieron poco antes de que se aprobase el dictamen que reforma la Ley de Conservación de la Naturaleza que no atiende la propuesta original.

La propuesta de las Juntas alavesas fue rechazada por PNV, PSE, PP y UPyD, los mismos grupos que aprobaron el dictamen que será elevado al Pleno de la Cámara de Gasteiz para su refrendo. EH Bildu se opuso. Antes, una representación de las JJGG expuso su opinión.

De prohibir el fracking en los espacios naturales protegidos -tal y como se propuso en la Cámara alavesa con los votos de PNV, EH Bildu y Ezker Batua- los jeltzales han pasado a sostener que sean los gestores de los espacios de toda la CAV quienes condicionen cualquier tipo de actividad extractiva minera.

El juntero Andoni Erkiaga (PNV) insistió en que su grupo no ha cambiado de posición y se opone a explotaciones de fractura hidraúlica para obtener gas. El parlamentario Luis Javier Telleria dijo que se exigirá una evaluación de impacto ambienal antes de dar la autorización.

Valoración muy distinta a la que tienen Luis Casado (EH Bildu) y Nerea Gálvez (EB), quienes reiteraron ayer que ellos efectuaron una propuesta «clara» que no ha sido tenida en cuenta. Expresaron su satisfacción porque el asunto del fracking hubiese llegado al Parlamento desde el órgano legislativo foral alavés, aunque lamentaron el resultado, señalando al PNV como el responsable.

EH Bildu: «Sometidos al lobby»

Casado acusó a los jeltzales de «no jugar limpio» en el Parlamento autonómico, a lo que respondieron Mari Carmen López de Ocariz (PP) y Natalia Rojo (PSE) acusando a los junteros de tratar de condicionar la actividad de la Cámara. Ellas se encargaron de apuntar a EH Bildu como el responsable de que el debate social y político sobre la fractura hidráulica sea intenso, especialmente en muchos pequeños municipios de Araba que pueden verse muy afectados en sus recursos acuíferos por ese técnica.

Para el parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu, «los jeltzales se han sometido al lobby energético». El partido que sostiene al Gobierno Urkullu defiende que se «aproveche» esa modificación legislativa para introducir cambios, aunque aclarando que la prohibición expresa que solicita la mayoría de las JJGG no es posible.

Respecto a la actuación de PSE y PP, Maeztu la criticó, porque argumentan que la petición de prohibición de las JJGG no es legal cuando en Nafarroa, Cantabria y La Rioja sus compañeros de partido sí han prohibido el fracking. «El verdadero problema -reprochó- no es la ley, sino la falta de voluntad política». López de Ocariz y Rojo negaron la prohibición y hablaron de «moratoria».

EH Bildu dejó la ponencia que ha analizado el cambio de la Ley de Conservación de la Naturaleza, al entender que «desde el primer día» PNV, PSE y PP no entraron en desarrollar la propuesta elevada desde Araba, sino que la tergiversaron. Ayer, la votación constató esa opinión.