¿Por qué ha decidido participar en este juicio?

Por tres razones. La primera es que se trata de un ataque a las libertades. Después de los atentados del 11 de septiembre, los desmanes contra los derechos básicos se multiplican y, en nombre de la lucha antiterrorista, se vulneran las libertades individuales. La euroorden se sitúa en el marco de estos desmanes. La Justicia debería constatar primero si la demanda está bien fundamentada y después examinar el fondo del asunto. Y por supuesto, no extraditar a alguien a un país que no garantiza el derecho a un proceso justo o en el que se practica la tortura. Eso es una regla absoluta desde siempre.

Con la euroorden esas reglas se dejan de lado, ya que se considera que todos los estados del espacio Schengen son estados virtuosos que respetan los derechos, garantizan un proceso justo y que no practican la tortura. En España no es el caso. Asociaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos lo han constatado. Por tanto, creo que en estos casos de vulneraciones flagrantes, la euroorden es un instrumento totalmente condenable.

La tercera razón es que este es un momento particularmente malo para aceptar las demandas de euroorden provenientes de España. ETA ha renunciado a la lucha armada y hay una verdadera voluntad para llegar a una reconciliación vasca. Creo que se está echando leña al fuego aceptando las peticiones de España que tienen una segunda intención política evidente.

¿Qué consecuencias tendría la aplicación de las euroórdenes?

Por supuesto, dramaticas para las personas afectadas. Son personas de una cierta edad que viven en Francia desde hace mucho tiempo, están establecidas y tienen una familia. Hay que recordar que la Convención Europea de Derechos Humanos prevé también el derecho de preservar la vida privada y la vida familiar.

Desde un aspecto más político, existe el riesgo de reactivar un conflicto y radicalizar a sectores extremistas. Por lo tanto, creo que es totalmente contraproducente, ya que es obvio que no es el aspecto judicial lo que prima sino el político.

¿Cree que hay una posibilidad de que París no aplique estas euroórdenes?

Creo que si no hacemos nada, lo peor llegará. Esto es un juego peligroso y espero que se nos escuche, ya que los magistrados siempre tienen un margen para maniobrar, aunque digan lo contrario.

¿Cómo valora la actitud de los dos estados respecto al independentismo vasco?

España es un país absolutamente crispado que debería cambiar totalmente su óptica. Si sigue empecinado en su rechazo al diálogo, es obvio que vamos directamente al fracaso. En cuanto a Francia, que desconoce bastante el problema vasco, creo que habría que sensibilizar a los poderes políticos sobre la realidad vasca para que tomen en consideración un problema que afecta a una gran parte de su población.