El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, celebró ayer la vista sobre la recuperación de las deducciones fiscales concedidas en los años 90 a unas 300 empresas vascas, juicio en el que las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa defendieron que la totalidad de las ayudas ya ha sido recuperada.

El representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca, admitió la tesis defendida por las instituciones forales vascas y dio por zanjado que ya se han recuperado los 508 millones de euros a los que ascendían las ayudas concedidas -la mayor parte, 334 millones, correspondientes a Araba-, pero sostuvo que es preciso imponer una «medida disuasoria» porque han pasado doce años desde que la CE declaró ilegal el régimen vasco.

Esta «medida disuasoria» consiste en una multa de 25.817 euros al día a contar desde el 14 de diciembre de 2006, fecha en la que el Tribunal emitió su primera sentencia en la que daba la razón a la CE sobre la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación, hasta el total reembolso de las mismas.

Si se multiplica esa cantidad por los casi siete años que han pasado desde entonces, el montante total asciende a casi 64 millones de euros, aunque podría ser aún superior en función de la fecha final que el Tribunal tome como referencia para efectuar el cálculo.

Discusión sobre los intereses

Pese a reconocer que el montante principal de las ayudas ha sido recuperado, la Comisión Europea recalca que aún quedan pendientes 278.000 euros en concepto de intereses que afectan a ocho empresas del territorio alavés.

En caso de que esos intereses no se abonen antes de que haya sentencia final, se impondría una sanción más cuantiosa, que ascendería a 236.044 euros por cada día de retraso.

En cualquier caso, el representante de la CE señaló que esta «medida coercitiva» podría decaer como reconocimiento al esfuerzo realizado por las diputaciones. «No sería necesaria una multa coercitiva», admitió Urraca, al tiempo que precisaba que esa sanción no llegaría a materializarse «si se recupera todo antes de que el Tribunal pronuncie su sentencia».

Durante la vista, el Estado español, que representó a las diputaciones vascas, hizo hincapié en que se ha recuperado todo el dinero que la CE entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía. En este sentido, pidió al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre cuál es el método de cálculo que debe utilizarse para calcular el importe de las ayudas a devolver. El motivo es que el Ejecutivo comunitario rechazó los criterios iniciales utilizados por las autoridades españolas y les obligó a recuperar más subvenciones.

Desacuerdo de Javier De Andrés

El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), señaló en Luxemburgo que la cuantía de la multa que pide la Comisión «no corresponde a lo que ha sucedido». Explicó que las empresas vascas tenían derecho a acogerse a los beneficios fiscales ordinarios, una vez que se eliminaron las ayudas consideradas ilegales.

«Aceptamos que la sentencia dice que son ilegales, pero podemos aplicarle los criterios y los descuentos que se habrían aplicado con la legislación ordinaria, y esa es la discrepancia entre la Comisión y la defensa que hemos hecho hoy», aclaró De Andrés.

Respecto al pago de los intereses que, a juicio de la Comisión Europea, quedan por abonar, el diputado general alavés señaló que la recuperación de esos 278.000 euros no le preocupa porque «es una cantidad menor fruto de un malentendido con la CE» en cuanto a la fecha aplicable para la recuperación de las ayudas.

«Está cobrado todo lo principal y queda un único fleco, que la verdad es que nos ha sorprendido, porque esto no nos lo había comunicado la Comisión», afirmó De Andrés.

«Tenemos por escrito que la cifra era la fecha de tasación y ahora (la CE) dice que la fecha tenía que ser la de escritura pública. Es un cambio que se ha producido por iniciativa de la asesoría jurídica de la Comisión», agregó.

Erkoreka, optimista

El portavoz del Gobierno de Gasteiz, Josu Erkoreka, confió por su parte en que Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte una «resolución favorable» para las instituciones vascas ya que las diputaciones han cumplido con sus requerimientos de recuperar el dinero de las bonificaciones fiscales.

Pese a que rechazó hacer «vaticinios» sobre cómo se resolverá este asunto, señaló que la vista de ayer «apunta» a la posibilidad de una salida «lo más satisfactoria posible» para las haciendas vascas.

Tras la celebración de la vista, la abogada general del Tribunal de Justicia, Eleanor Sharpston, publicará en los próximos meses su recomendación sobre si debe imponerse o no una multa y sobre su importe, que puede modificar la propuesta de la Comisión. En la mayor parte de los casos, la corte suele seguir estas recomendaciones a la hora de emitir la sentencia final que, eso sí, podría demorarse hasta un año.