El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció el domingo la puesta en marcha de una amplia reforma fiscal con la que pretende aumentar los recursos presupuestarios del país un 1,4% del PIB en 2014 y un 3% en 2018, y que supone, según dijo, una «reforma social» con la que busca reducir las desigualdades en el seno de una población con más del 45% de pobres.

Las medidas fiscales y económicas anunciadas se vieron limitadas por las protestas de los docentes contra la reforma educativa y de la izquierda contra la reforma energética que abrirá al sector privado la petrolera estatal Pemex y también por la desaceleración de la economía mexicana. Así, el mandatario renuncia, en contra de lo que se había anticipado, a aplicar el IVA a alimentos y medicinas, lo que había suscitado fuerte resistencia de la izquierda, mientras pretende instaurar ventajas sociales como el seguro de desempleo y una pensión universal a los mayores de 65 años.

El IVA es la forma más fácil de llenar las arcas del Estado, pero Peña Nieto señaló que los alimentos representan el 50% del gasto de los más pobres y su aplicación habría penalizado a ellos en primer lugar. Sí se gravarán las los refrescos azucarados.

Enseñanza y vivienda

Se comprometió a mantener el IVA en el 16% y a no aplicarlo a transporte urbano, libros y revistas, pero sí a los gastos de matriculación, a las hipotecas y a los alquileres, y a eliminar el 75% de los tratamientos fiscales preferenciales a empresas y particulares.

Explicó que para lograr una reforma «socialmente justa y fiscalmente responsable» sus propuestas afectarán a «los que más ganen», al gravar operaciones en bolsa, operaciones comerciales entre particulares y venta de inmuebles.

La principal formación de la oposición, el Partido de Acción Nacional (PAN), recibió con recelo el anuncio y aseguró que se opondrá a la aplicación del IVA a matrículas, hipotecas y alquileres para defender a la clase media.