Representantes de los extrabajadores de Inasa acusaron al Gobierno de Nafarroa, durante la sesión de trabajo, de no haber hecho todo lo que estaba en su mano para evitar el cierre de Inasa y la pérdida de más de 150 puestos de trabajo.

«El Gobierno no ha buscado la recuperación del empleo, ha actuado con dejadez», afirmó al inicio de la sesión Fernando Carrión, extrabajador y representante de LAB en Inasa. Junto a Carrión acudieron Pedro Mari Jiménez, perteneciente también al comité de empresa, y Gaizka Uharte, secretario comarcal de LAB en Sakana. Al mismo tiempo, decenas de personas llegadas desde Irurtzun y Sakana llevaron a cabo una concentración ante la puerta del Parlamento.

Tres semanas después de que comenzase el desmantelamiento de la planta, los trabajadores, que no cesaron en su lucha hasta el final, no quisieron cerrar la historia de Inasa sin recriminar, cara a cara, que «el Gobierno de Nafarroa no hizo nada para devolver la actividad a la fábrica». Uharte, en este sentido, acusó al Ejecutivo de ser cómplice: «Han dado por bueno el fraude cometido por Bavaria Kapital».

Los distintos grupos parlamentarios quisieron trasladar su apoyo a todos aquellos que han quedado sin empleo. Pero a partir de ese punto, las lecturas fueron bien distintas. Bikendi Barea (Bildu) denunció que «solo tenían intención de liquidar, de sacar beneficio por encima de todo y de todos». La nula intervención del Gobierno que denuncian los afectados, fue contestada por una limitación que la ley les impone.

El parlamentario de Aralar Txentxo Jiménez abrió un debate sobre la legislación a la que se atañen estos casos: «Hoy en día, no podemos evitar que gente de este pelo venga y haga lo que le da gana».

El Ejecutivo se defiende

La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea aseguró haber participado de forma activa «junto con la parte social de la empresa». Al mismo tiempo, se escudó tras la limitación de sus competencias tanto en este caso particular como en el cambio de ley planteado. PSN y PP siguieron la línea marcada por UPN y defendieron que el Gobierno foral actuó de forma «correcta».

Más allá fue Ana Beltrán, que cree necesario escuchar la versión de las empresas y pidió el fin de la «satanización» de las empresas de capital riesgo. Para acabar, defendió la actuación de la Guardia Civil, que dejó un amplio balance de heridos, entre ellos un hombre con los dos tobillos fracturados, y varias sanciones económicas.