Enrique Pamiés y José María Ballesteros, exjefe de la Policía española en la CAV e inspector respectivamente, negaron ayer tajantemente haber participado en un «soplo» a ETA que habría frustrado la redada proyectada en el bar Faisán el 4 de mayo de 2006. Ocurrió, por tanto, apenas mes y medio después del alto el fuego que dio paso a la revelación del proceso negociador llevado a cabo por el Gobierno Zapatero entre 2005 y 2007.

Pamiés y Ballesteros encaran peticiones de cárcel que se elevan hasta a nueve años por lo que la prensa española ha dado en llamar «el chivatazo». Se da la circunstancia que tanto el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, como otros ciudadanos vascos acusados igualmente de participar en el cobro del «impuesto revolucionario» fueron detenidos después.

Nada de ello ha calmado a organizaciones de ultraderecha y medios que parecen usar este caso como una revancha por aquel proceso de negociación, y a la vez como una amenaza para quienes pudieran apostar por este tipo de soluciones, como afirmó ayer de modo explícito la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.

También el PP, que es acusación en la vista, carga las tintas contra sus antecesores del PSOE y deja claro que no se conforma con la imputación de estos dos altos mandos policiales. Uno de sus portavoces más polémicos, Carlos Floriano, recordó ayer que Alfredo Pérez Rubalcaba -ministro del Interior durante el proceso- nunca quiso comparecer en el Congreso por estos hechos. Y añadió que «cualquier persona que se aproxime a estos hechos entiende que no pueden ser decisiones tomadas exclusivamente por las personas que en este momento se sientan en el banquillo».

Es conocido que en la negociación mantenida por Gobierno español y ETA desde el verano de 2005 uno de los puntos acordados fue que no se realizarían detenciones tras el alto el fuego. Sin embargo, los hechos objetivos demuestran que no ocurrió así, sino que desde el primer momento se produjeron detenciones. Hasta el punto de que mientras continuaban las conversaciones -que duraron hasta junio de 2007- se detuvo incluso a uno de los interlocutores de la organización armada, Jon Iurrebaso.

El PP es acusación

Ballesteros y Pamiés coincidieron en esta primera sesión del juicio al dar una misma versión. El inspector confirmó que estuvo en el bar Faisán, donde se produjeron los supuestos hechos, pero explicó que lo hizo porque le permitía controlar los dos lados de la muga y no para dar ningún aviso a nadie. Se negó a responder a las preguntas de las acusaciones populares, ejercidas por el PP, la AVT y Dignidad y Justicia.

En cuanto a Pamiés, admitió igualmente haber estado en la zona (fueron detectados por los sistemas de control de frecuencias de móvil). Argumentó que lo hizo con el objetivo de hablar con un confidente policial, que luego compareció como testigo y confirmó este extremo. El que era máximo responsable de la Policía española en la CAV dio explicaciones sobre los cruces de llamadas mantenidos en ese día con Ballesteros e incluso con el entonces director general de la Policía española y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, que no está imputado. Pamiés negó rotundamente que estuvieran preparando algún tipo de «chivatazo».

Durante toda la jornada se sucedieron testigos. Está previsto que la vista oral del caso se prolongue durante tres días