En una entrevista concedida al diario «Le Journal du Pays Basque» y que se publica hoy mismo, el nuevo prefecto de los Pirineos Atlánticos, Pierre-André Durand, indica que desde 2006, cuando se construyó la ikastola de Ziburu cuando él era suprefecto, la situación ha cambiado. Desde el punto de vista del Estado, no tiene duda de que hay que impulsar «las lenguas regionales», pero afirma que eso se logra dotando de recursos a la Oficina Pública del Euskera, así como otras estructuras y puestos de trabajo en las escuelas públicas y privadas. En consecuencia, defiende que no caben otros métodos como las ayudas municipales

En palabras del prefecto, en 2006 no había una respuesta a la demanda de enseñanza en euskara en la escuela pública, por lo que admite que Seaska ha jugado un papel importante. Y apunta que en ese espacio de tiempo, la aplicación de la ley francesa ha sido escasa.

En cambio, en su opinión, hoy en día los padres y madres pueden elegir entre una escuela pública bilingüe y el modelo de inmersión del colegio privado (el Estado francés considera privadas a las ikastolas de Seaska). Y, por tanto, teniendo en cuenta la nueva situación, ve imprescindible aplicar la ley.

Sobre la sentencia del tribunal de Pau, que se dio a conocer el lunes y que da la razón provisionalmente al anterior prefecto de Pau, Lionel Beffre -que se posiconó en contra de que el Consistorio de Hendaia ayude económicamente a la ikastola del pueblo-, el actual representante del Estado cree que la decisión del juez ha ido relativamente lejos. Añade que es un tema limitado jurídicamente y que él debe aplicar la ley.

Vislumbra tres vías para las ikastolas: un cambio de la actual legislación; la venta de un edificio privado a Seaska; o la subida de precios de la enseñanza para las familias. Expresa que la actual perspectiva significa un gran cambio sobre lo anterior y que reconoce a Seaska como una estructura relevante, pero siempre dentro del sector privado.

El alcalde no se sorprende

Por otra parte, el alcalde de Hendaia, Battitte Sallaberry, publicó ayer un escrito en respuesta a la decisión del tribunal de Pau. En primer lugar, reconoce que no le ha sorprendido, teniendo en cuenta la situación jurídica en este ámbito. A su parecer, la cerrada aplicación del Código de Educación y, relacionado con ello, las medidas de La ley Falloux han creado un auténtico bloqueo jurídico. «No es sino la continuación lógica de la acción emprendida por los representantes del Estado contra la decisión del Ayuntamiento».

Subraya que la posición del juez no anula la decisión ni entra al fondo del caso. Solo detiene la acción hasta que llegue la decisión final en unos meses.