Con motivo de la celebración de la Diada en Catalunya, el Govern organizó en Madrid un acto institucional al que asistieron importantes cargos públicos. La cita no estaba fijada a horas intempestivas ni en un lugar apartado, más bien al contrario, y a la misma asistieron bastantes medios de comunicación. Pese a ello, o precisamente por ello, veinte fascistas irrumpieron en el evento, tiraron la senyera que presidía el estrado y atacaron a los asistentes. Varios agresores ya han comparecido ante el juez, pero ninguno ha sido encarcelado, y el PP ha intentado quitar hierro al asunto desde el primer momento.

No sorprende de un partido que permite y aun defiende que sus miembros se retraten con banderas franquistas o haciendo el saludo nazi. Sin embargo, más allá de este último episodio, la respuesta del resto de agentes políticos y sociales ante hechos similares no ha sido todo lo contundente que debería en un Estado donde el totalitarismo prende con facilidad. Relativizar la amenaza del fascismo, asumir la tesis de que se trata de acciones puntuales cometidas por «incontrolados», solo sirve para dar aire a quienes no pierden ocasión de medrar en una sociedad golpeada por la crisis.

Grecia es, de momento, el último ejemplo de las consecuencias que conlleva contemporizar frente a los movimientos ultraderechistas. El martes, el cantante de hip hop Pavlos Fryssas, conocido por su compromiso antifascista, fue asesinado en El Pireo por un hombre que, tras ser detenido, confesó ser miembro de la formación neonazi Amanecer Dorado. Este partido, que cuenta con 18 diputados, ha protagonizado en los últimos años diversos episodios violentos de carácter xenófobo y fascista, pero ni las autoridades griegas ni las europeas han hecho nada al respecto. Así que después de golpear a inmigrantes, de agredir a candidatos de izquierda, de amedrentar a periodistas, han matado a un joven, y lo han hecho porque se han sentido impunes. Igual que sus compañeros españoles.