Una de la consecuencias más evidentes de las últimas reformas laborales es una mayor precariedad. Algo que no puede justificar el supuesto objetivo de reducir el desempleo, al que, además, ni se han acercado. El suicidio de Javi Paniagua es una dolorosa muestra de ello. Despedido y readmitido en Susundegui, vuelto a despedir definitivamente en contra del acuerdo de la empresa con los trabajadores, seis meses después veía cómo decenas de trabajadores eran contratados por la empresa a través de ETT. Las reformas laborales han provocado situaciones más que lamentables, en muchos casos extremas, pero ningún tribunal sancionará a sus responsables.

El camionero muerto ayer en Antzuola es muestra de la creciente precariedad mencionada, que se refleja tanto en los sueldos como en las cada vez peores condiciones laborales. Probablemente es imposible que no ocurra ningún accidente laboral, pero en modo alguno se puede aceptar que es inevitable que en tres semanas mueran seis trabajadores. Y las reformas laborales, siempre insuficientes para la patronal, no contemplan precisamente mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores. Es por eso que corresponde a las administraciones ejercer su responsabilidad y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención por parte de las empresas.