Kontuz ha iniciado ya los trámites legales para investigar un presunto falso testimonio cometido por los dos secretarios de CAN durante la investigación por las dietas a los políticos en Caja Navarra. La asociación sin ánimo de lucro hizo público ayer que ha solicitado a la juez que instruye el caso que deduzca testimonio por un presunto delito de falso testimonio contra Alberto Pascual y Amaya Rández y, también, por un presunto delito informático en la manipulación de doce de las actas de la Permanente.

Una deducción de testimonio es una petición a la juez para que abra una pieza separada con los indicios de una presunta falsedad en lo declarado por los dos testigos y por la manipulación de las actas. De esta forma, estos dos presuntos delitos podrán ser investigados por otro juzgado de lo Penal (por procedimiento, nunca podría recaer en manos de la misma juez). Si la juez acepta, se abrirán diligencias a instancia suya. En el caso de que María Paz Benito deniegue esta solicitud, Kontuz podría querellarse contra los dos secretarios por la vía ordinaria, cosa que la asociación ya ha adelantado que hará en caso de que la juez rechace la deducción de testimonio.

Estas dos nuevas iniciativas legales nacen a raíz de que se conociera el análisis de la Guardia Civil sobre la redacción de las actas de la Permanente. En ese informe figuraba que las actas se elaboraron más de un año después de que se produjeran las reuniones. Y además, la Policía comprobó que 12 de las 16 actas presentadas fueron modificadas después de su creación. Se desconoce quiénes fueron los autores de esas modificaciones y por orden de quién se realizaron, aunque sí aparecen las referencias de los ordenadores de CAN desde los que se accedió a las actas para modificarlas. Por tanto, Kontuz todavía no apunta a nadie por el presunto delito informático.

Además de todo eso, la asociación añadió un dato más. En una ocasión, Yolanda Barcina, Miguel Sanz y Álvaro Miranda cobraron las dietas antes de acudir a la reunión de la Permanente. Esa reunión está fechada el 10 de enero de 2011, pero las dietas se abonaron en 2010. Según el informe de la Guardia Civil no hay constancia de ese acta hasta casi dos años después: el 20 de diciembre de 2012.

Rández y Pascual aseguraron a la juez que ellos fueron quienes elaboraron materialmente las actas y que éstas solían ser firmadas por los presidentes de la Permanente (Sanz y Barcina) en la reunión siguiente. Obviamente, esto no concuerda con la fecha de elaboración de las actas conocida posteriormente.

«Apreciamos indicios suficientes como para que se abra un proceso diferente en otro juzgado, para que se lleven a cabo todas aquellas diligencias que se consideren esenciales para determinar si Pascual y Rández faltaron a la verdad en su declaración», aseguró Zamora.

Más allá de la documentación que generó el caso de las dietas, Pascual ha aireado una versión diferente de lo ocurrido en determinados medios de comunicación, y así ha quedado recogido en varios artículos de prensa. Tras decir a la juez que las actas se elaboraban en tiempo y forma y después de que se anunciara que la Guardia Civil investigaría los archivos en soporte informático, el secretario general de CAN difundió que realizó las actas desde su casa meses después de que se celebraran las reuniones, tomando como base unas presentaciones en Power Point. GARA ha tenido acceso tanto a las actas como a las presentaciones y, además de que falta una presentación, se omitieron algunos datos y tablas.

Rández tampoco lo tendrá nada fácil si se indaga sobre la veracidad de sus declaraciones. Ella afirmó que las actas iban a ser encuadernadas cuando dejó la entidad. Sin embargo, en el momento en que se marchó, ni siquiera se habían terminado de elaborar los documentos. También aseguró que ella fue quien imprimió las actas para que fuesen firmadas por Sanz y Barcina, lo cual también resultará bastante comprometido.

En cuanto al supuesto delito informático, dependerá de qué es lo que se haya modificado. Si las alteraciones han sido sustanciales o no, queda aún por ver. Lo cierto es que hay varios equipos informáticos desde los que se cambiaron cosas. El único nombre que aparece en el informe de la Guardia Civil es el de Fermín Musgo, que parece ser un trabajador de la Secretaría de CAN que alteró los archivos después de la marcha de Pascual y Rández de la entidad.

Barcina los deja a su suerte

La presidenta Barcina fue preguntada a este respecto antes de que Kontuz ofreciera la rueda de prensa. Sigue con el mutismo oficial y se agarra a que, aunque el caso continúa abierto tanto en Iruñea como en Madrid, «la Justicia se ha pronunciado con claridad y con rotundidad en lo que respecta al Gobierno foral y a mí personalmente».

De todos modos, si se continúa con la investigación sobre la elaboración de las actas, tarde o temprano volverá a hablarse del papel de la presidenta navarra. Barcina firmó las últimas actas de la permanente, ya que sin su rúbrica no tenían validez. Públicamente, ha afirmado que se firmaron en su momento y no dos años después, como indica el informe policial.

El carpetazo que dio el Supremo al presunto delito de cohecho evitó la imputación de Barcina y liberó de la acusación a Sanz, al exconsejero Álvaro Miranda, al exdirector Goñi y al alcalde de Iruñea, Enrique Maya. Sin embargo, Sanz y Goñi siguen imputados por el proceso que se lleva contra Banca Cívica en Madrid por diversos delitos societarios.