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Kontuz pide al juzgado investigar por falso testimonio al secretario de CAN
La asociación Kontuz ha pedido que se deduzca testimonio de lo declarado por el secretario general de CAN, Alberto Pascual, y de su segunda, Amaya Rández, para ver si mintieron a la juez que investigaba las dietas en Caja Navarra. También ha presentado indicios de un presunto delito informático por las modificaciones en las actas. Si la solicitud de Kontuz es atendida, se abrirán diligencias en otro juzgado de Iruñea.
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Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Kontuz ha iniciado ya los trámites legales para investigar un presunto falso testimonio cometido por los dos secretarios de CAN durante la investigación por las dietas a los políticos en Caja Navarra. La asociación sin ánimo de lucro hizo público ayer que ha solicitado a la juez que instruye el caso que deduzca testimonio por un presunto delito de falso testimonio contra Alberto Pascual y Amaya Rández y, también, por un presunto delito informático en la manipulación de doce de las actas de la Permanente.
Una deducción de testimonio es una petición a la juez para que abra una pieza separada con los indicios de una presunta falsedad en lo declarado por los dos testigos y por la manipulación de las actas. De esta forma, estos dos presuntos delitos podrán ser investigados por otro juzgado de lo Penal (por procedimiento, nunca podría recaer en manos de la misma juez). Si la juez acepta, se abrirán diligencias a instancia suya. En el caso de que María Paz Benito deniegue esta solicitud, Kontuz podría querellarse contra los dos secretarios por la vía ordinaria, cosa que la asociación ya ha adelantado que hará en caso de que la juez rechace la deducción de testimonio.
Estas dos nuevas iniciativas legales nacen a raíz de que se conociera el análisis de la Guardia Civil sobre la redacción de las actas de la Permanente. En ese informe figuraba que las actas se elaboraron más de un año después de que se produjeran las reuniones. Y además, la Policía comprobó que 12 de las 16 actas presentadas fueron modificadas después de su creación. Se desconoce quiénes fueron los autores de esas modificaciones y por orden de quién se realizaron, aunque sí aparecen las referencias de los ordenadores de CAN desde los que se accedió a las actas para modificarlas. Por tanto, Kontuz todavía no apunta a nadie por el presunto delito informático.
Además de todo eso, la asociación añadió un dato más. En una ocasión, Yolanda Barcina, Miguel Sanz y Álvaro Miranda cobraron las dietas antes de acudir a la reunión de la Permanente. Esa reunión está fechada el 10 de enero de 2011, pero las dietas se abonaron en 2010. Según el informe de la Guardia Civil no hay constancia de ese acta hasta casi dos años después: el 20 de diciembre de 2012.
Rández y Pascual aseguraron a la juez que ellos fueron quienes elaboraron materialmente las actas y que éstas solían ser firmadas por los presidentes de la Permanente (Sanz y Barcina) en la reunión siguiente. Obviamente, esto no concuerda con la fecha de elaboración de las actas conocida posteriormente.
«Apreciamos indicios suficientes como para que se abra un proceso diferente en otro juzgado, para que se lleven a cabo todas aquellas diligencias que se consideren esenciales para determinar si Pascual y Rández faltaron a la verdad en su declaración», aseguró Zamora.
Más allá de la documentación que generó el caso de las dietas, Pascual ha aireado una versión diferente de lo ocurrido en determinados medios de comunicación, y así ha quedado recogido en varios artículos de prensa. Tras decir a la juez que las actas se elaboraban en tiempo y forma y después de que se anunciara que la Guardia Civil investigaría los archivos en soporte informático, el secretario general de CAN difundió que realizó las actas desde su casa meses después de que se celebraran las reuniones, tomando como base unas presentaciones en Power Point. GARA ha tenido acceso tanto a las actas como a las presentaciones y, además de que falta una presentación, se omitieron algunos datos y tablas.
Rández tampoco lo tendrá nada fácil si se indaga sobre la veracidad de sus declaraciones. Ella afirmó que las actas iban a ser encuadernadas cuando dejó la entidad. Sin embargo, en el momento en que se marchó, ni siquiera se habían terminado de elaborar los documentos. También aseguró que ella fue quien imprimió las actas para que fuesen firmadas por Sanz y Barcina, lo cual también resultará bastante comprometido.
En cuanto al supuesto delito informático, dependerá de qué es lo que se haya modificado. Si las alteraciones han sido sustanciales o no, queda aún por ver. Lo cierto es que hay varios equipos informáticos desde los que se cambiaron cosas. El único nombre que aparece en el informe de la Guardia Civil es el de Fermín Musgo, que parece ser un trabajador de la Secretaría de CAN que alteró los archivos después de la marcha de Pascual y Rández de la entidad.
Barcina los deja a su suerte
La presidenta Barcina fue preguntada a este respecto antes de que Kontuz ofreciera la rueda de prensa. Sigue con el mutismo oficial y se agarra a que, aunque el caso continúa abierto tanto en Iruñea como en Madrid, «la Justicia se ha pronunciado con claridad y con rotundidad en lo que respecta al Gobierno foral y a mí personalmente».
De todos modos, si se continúa con la investigación sobre la elaboración de las actas, tarde o temprano volverá a hablarse del papel de la presidenta navarra. Barcina firmó las últimas actas de la permanente, ya que sin su rúbrica no tenían validez. Públicamente, ha afirmado que se firmaron en su momento y no dos años después, como indica el informe policial.
El carpetazo que dio el Supremo al presunto delito de cohecho evitó la imputación de Barcina y liberó de la acusación a Sanz, al exconsejero Álvaro Miranda, al exdirector Goñi y al alcalde de Iruñea, Enrique Maya. Sin embargo, Sanz y Goñi siguen imputados por el proceso que se lleva contra Banca Cívica en Madrid por diversos delitos societarios.
El delito que Kontuz considera que se habría cometido en la modificación de las actas castiga a quien «se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos».
Este delito castiga a las personas que «faltan a la verdad» en un juicio. Si el falso testimonio se produce en una causa penal, como sería el proceso por la CAN, puede estar castigado con hasta tres años de cárcel. Es lo que Kontuz cree que cometieron Pascual y Rández.
El exmarido de Yolanda Barcina, el arquitecto José Virgilio Pucho Vallejo, cobró por realizar proyectos de oficinas para Caja Navarra, según denunció ayer Kontuz. En concreto, la asociación aseguró tener contrastados dos proyectos de Vallejo para Caja Navarra, pero solo ofreció datos de una sede. Se trata de la remodelación de la oficina de CAN en Leitza, un proyecto que se cifró en más de 200.000 euros, según la licencia de obra. Se desconoce qué honorarios pasó la empresa de Vallejo Capilla-Vallejo Arquitectos, por este trabajo. Patxi Zamora, portavoz de Kontuz, aseguró que esto no es ningún delito, pero que vuelve a mostrar cómo funcionaban las cosas dentro de la caja. No es la primera vez que se descubre que CAN daba trabajo a familiares directos de los directivos. De hecho, el intento de chantaje a José Antonio Asiáin (que provocó la detención de Santiago Cervera) se basaba en los encargos al hijo del último presidente de CAN. El anónimo solicitó 25.000 euros a Asiáin a cambio de no revelar que la caja le encargaba los trámites de desahucios y otros asuntos. Cuando este caso salió a la luz pública, la primera en cargar contra Asiáin fue la propia Barcina, quien aseguró que ella «no lo habría hecho». En el momento en que Vallejo trabajó para CAN, Barcina era la vicepresidenta de la entidad. Además, es la segunda ocasión en que los intereses personales de Barcina se cruzan con los de la entidad. Kontuz denunció a la presidenta navarra por haber comprado a través de una sociedad oficinas de la entidad en una operación ofrecida a clientes selectos y cuestionada por el Banco de España. La madre de Barcina también participó en esa compra. A.I.