El pasado 27 de junio el Parlamento de Navarra aprobó por mayoría absoluta la Ley de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. La misma, inspirada en la aprobada en Andalucía, contempla medidas para evitar los desahucios de familias navarras de su vivienda habitual, así como otras que potencian el alquiler social de vivienda. Entre ellas cabe destacar:

Posibilita el embargo temporal a los bancos del uso de una vivienda para que una familia que va a ser desahuciada pueda permanecer en ella hasta cinco años, pagando un alquiler social no superior al 25% de sus ingresos.

Regula las sanciones a los bancos y entidades filiales inmobiliarias que no pongan sus viviendas vacías en el mercado del alquiler.

Facilita la dación en pago (entrega de la vivienda y cancelación de toda deuda) de tal manera que las familias puedan rehacer su vida sin una deuda que las hipoteque de por vida tras haber perdido su vivienda.

Pone en marcha un registro de vivienda vacía y grava impositivamente aquella que no se usa y no se ofrece en alquiler. Con ello se pretende que una parte de las más de 34.000 viviendas vacías salgan al mercado del alquiler y provoquen una bajada de los precios, lo que facilitará el cumplimiento del derecho a una vivienda digna a precio asequible.

Que se complementen estas medidas con otras para potenciar el alquiler social, como reducir los precios del alquiler de vivienda pública, ampliar la oferta de la Bolsa de Vivienda Pública, mejorar los baremos de ayudas en función de la renta familiar...

Pese a que Navarra tiene competencias para ello y ha sido aprobada esta Ley Foral con la mayoría absoluta de las y los representantes navarros, la Delegación del Gobierno en Navarra ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno del PP, cosa ya realizada con una ley similar aprobada en Andalucía. Este recurso supondría la paralización de la norma durante varios meses, siendo decisión del tribunal si mantiene la suspensión o se puede aplicar.

Ponemos este ejemplo por ser uno de los que mayor efecto tiene sobre la realidad de los derechos sociales de la ciudadanía Navarra, precisamente de la parte de la sociedad más débil que, como consecuencia de la crisis económica y el paro, es desahuciada de su vivienda habitual.

Este hecho parece importarle bien poco al Gobierno de Navarra y al PP de Navarra. No solo el Gobierno de UPN se está negando a cumplir reiteradamente leyes forales aprobadas rozando la prevaricación, sino que está siendo una práctica sistemática que toda ley foral impulsada por la mayoría progresista y de izquierdas es recurrida inmediatamente ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP con el apoyo e incluso la petición expresa de UPN. Tan es así que en estos momentos tenemos al menos 13 leyes navarras que o han sido recurridas o lo serán en breve.

Algunos no entendemos el autogobierno en claves identitarias, sino que lo entendemos en claves de mejora en la gestión, de mayor capacidad de atender las necesidades sociales y la pluralidad, de calidad democrática por acercar las instituciones y las decisiones a la sociedad y, lo más importante, como instrumento para garantizar los derechos de la ciudadanía navarra.

La actitud recentralizadora, pero sobre todo la manera autoritaria de entender el poder, está llevando al Gobierno del PP a recurrir toda norma autonómica que se oponga a sus políticas de derecha cada vez más extrema, con las dudas que genera su actuación debido a que tenemos un Tribunal Constitucional presidido por un militante del PP y una mayoría conservadora nombrada por ellos mismos.

Defender el autogobierno y el cumplimiento de las leyes aprobadas en el Parlamento de Navarra es una cuestión vital para procurar parar la práctica autoritaria y las políticas neoliberales que está imponiendo el PP con el beneplácito y complicidad de UPN. Si toda ley que aprueba el Parlamento de Navarra es recurrida, paralizada e incumplida, es lógico que nos preguntemos para qué sirve el mismo. Ante esta situación, que valoramos de extrema gravedad, es preciso exigir a UPN que cumpla las leyes que se aprueban y al PP respeto a la voluntad democrática de Navarra.