(...) Casi cuatro décadas después de la extinción del feroz régimen, esos crímenes de lesa humanidad permanecen a salvo de la investigación y el castigo penal que merecen. Aquí, en nuestro país, debimos soportar también durante muchos años la negación de justicia para las aberraciones que cometió la última dictadura cívico-militar. La impunidad garantizada legalmente, contra la que importantes sectores de nuestro pueblo lucharon con enorme consecuencia, recién fue derrotada con los juicios y las condenas que siguieron a la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 2003.

(...) Son las víctimas del terror del franquismo las que buscan en nuestros tribunales la justicia que no pueden obtener en los de su país. En efecto, el 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante la Justicia argentina con objeto de que se investiguen los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

(...) Un grupo de diputados nacionales hemos presentado un proyecto para que el Congreso declare «su enérgico repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y a la impunidad de que gozan sus responsables, solidarizándose con las víctimas y apoyando el proceso judicial abierto en nuestro país para investigar los crímenes, promoviendo de esta forma la memoria, la verdad y la justicia».

(...) Cuando un país consagra la impunidad para los criminales que alberga, la persecución internacional puede lograr que el único lugar del mundo en que ellos puedan refugiarse sea el que ha sido teatro de sus terribles acciones. Hasta que tampoco eso sea posible. Ya sucedió en la Argentina.