Obligarán a UPN a posicionarse sobre el nuevo copago hospitalario
El Ejecutivo de UPN no se ha pronunciado aún acerca del nuevo copago, ahora hospitalario, que el Ejecutivo español anuncia ya para el próximo 1 de octubre. No obstante, se verá obligado a ello, puesto que la medida será analizada en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento mañana y la consejera de Salud Marta Vera será interpelada acerca de su posición. Lakua afirma que lo rechaza, pero hay recelos.
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El nuevo copago farmacéutico hospitalario será analizado mañana en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento navarro, después de que PSN haya presentado una declaración institucional en la que se exige al Gobierno español que no aplique esta norma publicada por sorpresa el jueves en el Boletín Oficial del Estado español (BOE). La medida, que arrancará en solo nueve días, el 1 de octubre, establece que los pacientes no ingresados en hospitales deberán asumir una aportación por los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias para tratar enfermedades graves o crónicas, con un máximo de 4,2 euros por envase.
En opinión del PSN, este nuevo copago «se ceba de forma injusta contra enfermos especialmente graves, a quienes lejos de amparar se desampara ante situaciones especialmente traumáticas».
Asimismo, el partido que dirige Roberto Jiménez ha registrado una pregunta oral dirigida a la consejera de salud, Marta Vera, acerca de la posición que va a tomar sobre el copago el Ejecutivo navarro, que el viernes eludió pronunciarse. Sí lo hizo el consejero de Salud de Lakua, Jon Darpón, que consideró «inadecuado» el nuevo repago que afectará a las medicinas hospitalarias y afirmó que el Gabinete jeltzale trabajará para evitar que esta medida se aplique en los hospitales de la CAV.
No obstante, formaciones como EH Bildu se mostraron reticentes ante las palabras de Darpón. «Nuestra experiencia nos demuestra que podría ser una mera pose, tal y como ha sucedido con el repago farmacéutico: aparenta cierta resistencia a la imposición de Madrid, pero acaba aplicando lo dictado por el PP», manifestó Rebeka Ubera.
ELA: «Lakua e Iruñea acatan»
En la misma línea se pronunció también el sindicato ELA, que calificó la norma de «injusta e inhumana» y advirtió de que las medidas que el PP aprueba «se acatan y se cumplen» por los gobiernos de Lakua e Iruñea. «El gobierno del PP decide, una vez más, trasladar el coste de su apoyo a la banca a las personas más necesitadas», criticó la central sindical.
Representantes de otras comunidades autonómicas como Andalucía, Canarias, Castilla y León y Asturias también han mostrado su oposición desde el primer momento al nuevo repago diseñado por el Ejecutivo español.
Según el PSN, la norma «se ceba de forma injusta contra enfermos especialmente graves, a quienes, lejos de amparar, se desampara ante situaciones especialmente traumáticas».
El sindicato ELA considera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende, «una vez más, trasladar el coste de su apoyo a la banca a las personas más necesitadas».
Mas de un millar de personas participaron ayer en Iruñea en una manifestación convocada por la Plataforma Navarra por la Salud para protestar por la reorganización de la atención primaria. Los manifestantes, que portaban una pancarta con el lema «En defensa de la sanidad pública. Pribatizaziorik ez», partieron de la antigua estación de autobuses de la capital navarra coreando consignas en contra de los recortes sanitarios y pidiendo la dimisión de la consejera de Salud, Marta Vera.
Al término de la marcha, David Mendaza, portavoz de la plataforma, denunció la medida adoptada por la Dirección de Atención Primaria de trasladar personal médico de varios centros de salud «con la excusa de llevarlos a unos centros que según ellos tenían unos cupos de TIS (Tarjeta Individual Sanitaria) muy altos». En lugar de trasladar profesionales, afirmó Mendaza, lo que debería hacerse es contratarlos donde sea necesario y de esta forma «no desvestir un santo para vestir otro».
Mendaza declaró que los centros de salud afectados «van a tener a sus profesionales con una mayor carga asistencial», lo que «va a hacer imposible realizar la labor de atención sanitaria que precisa la ciudadanía». GARA
