La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la detención de cuatro torturadores franquistas solicitada por la juez argentina María Servini. Carlos Bautista, encargado de firmar el escrito del Ministerio Público, sostiene que no es necesario el arresto de las personas reclamadas dada la «antigüedad de los hechos», que además, apostilla, han prescrito y están amnistiados. El fiscal olvida intencionadamente que el carácter de crímenes de lesa humanidad que se otorga a los delitos investigados los hace imprescriptibles.

No es una sorpresa que el Ministerio Fiscal, dependiente en última instancia del Ejecutivo, rechace detener a cuatro conocidos torturadores. La práctica de la tortura ha sido una herramienta de la que se ha valido el Estado español contra la disidencia vasca durante la dictadura y después de ella, y en algunos casos los mismos ejecutores han actuado en ambos contextos históricos, pues no hay que olvidar que igual que la Audiencia Nacional es heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, tampoco hubo depuración en las fuerzas represivas con la «transición». Los torturadores señalados por la juez Servini cumplieron el papel encomendado por sus responsables políticos, igual que aquellos colegas que les sucedieron en la tarea. Y tanto unos como otros serán protegidos por el sistema, responsable último de la aplicación de las torturas.

El Estado vela por quienes actúan a sus órdenes, sea cual sea la tarea, también una tan deplorable como torturar a personas indefensas. Basta recordar la respuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba a la denuncia de Igor Portu y Mattin Sarasola, o las declaraciones de Jorge Fernández Díaz en Intxaurrondo. La tortura es parte del engranaje, y para que funcione debe prevalecer la impunidad de quien la practica. Por eso los torturadores del franquismo fueron amnistiados y los torturadores de la «democracia» son ascendidos y felicitados. No se trata de proteger a cuatro personas, sino a todo un sistema criminal que nunca rompió con el anterior.