Yolanda Barcina ve enemigos de Nafarroa por todas partes. Ayer se le invitó a un desayuno en el que acusó de prevaricación a la oposición parlamentaria, una acusación que extendió a todos los partidos salvo el PP. Concretamente, les achacó aprobar leyes «a sabiendas» de que son «inconstitucionales». También cargó contra Kontuz por «hacer política a través de los tribunales» y aseguró que el Supremo ha cerrado ya el «caso Caja Navarra», algo que la asociación se apresuró a desmentir.

Barcina aseguró que en el Parlamento «se están aprobando leyes inconstitucionales a sabiendas» y añadió que es algo que resulta «preocupante». Esta afirmación supone un salto cualitativo del discurso de UPN, puesto que entra en la definición exacta del delito de prevaricación, que es precisamente el que comete un cargo público cuando toma una decisión «a sabiendas» de que es injusta.

«Lo primero que tenemos que hacer todas las personas que creemos en la democracia es respetar las instituciones y las leyes y los informes», aseguró Barcina. La presidenta se refirió así a los informes del Consejo Consultivo de Nafarroa, compuesto por siete juristas que son elegidos por el Gobierno y el Parlamento y que, por tanto, UPN también tiene controlado.

Contra las nuevas mayorías

En ese desayuno, Barcina también se despachó contra el PSN, un partido que descarta ya un pacto con UPN y, con ello, deja a Barcina en una posición de debilidad extrema para lo que resta de legislatura (en caso de que no convoque elecciones anticipadas, que es lo que piden 27 de los 50 parlamentarios, aunque el PSN no se atreva a sacar adelante una moción de censura). Según Barcina, todos los gobiernos multipartitos que ha habido en Nafarroa han acabado mal. Siguiendo este razonamiento, el único partido habilitado para gobernar es el mayoritario, es decir, la Unión del Pueblo Navarro, que ella preside. «Si la inmensa mayoría de los navarros depositan su confianza en una formación política, es la que debe liderar la comunidad».

La presidenta fue preguntada sobre la situación del «caso CAN» y aseguró que, tras el fallo del Supremo, «está cerrado». Además, aseguró que Kontuz es «una organización política que está utilizando a los tribunales para lograr un objetivo político». El argumento que empleó Barcina para sostener esto es que «no hay más que ver quiénes son sus componentes para ver que son muy políticos».

Kontuz negó estas acusaciones y respondió que el «caso CAN» sigue abierto tanto en Madrid como en Iruñea.