La diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, comunicó ayer que la Diputación de Gipuzkoa ha apartado de manera cautelar a la empresa Construcciones Aballa, ubicada en Donostia, de la construcción de la carretera Antzuola-Bergara, donde el pasado miércoles falleció un trabajador de 33 años tras caer con su camión por un terraplén de diez metros. La decisión responde a una serie de indicios que, según Ugarte, han llevado a la institución a pensar que la empresa en cuestión, subcontrata de la UTE Lapatza, compuesta por las empresas Moyúa y Antzibar, ha cometido «algún tipo de irregularidad».

Las obras de la GI-632, entre Antzuola y Bergara, fueron las primeras en incluir en el pliego de cláusulas de la adjudicación de la obra la obligatoriedad de respetar las condiciones laborales, facultando a la Diputación para establecer penalidades en caso de incumplimiento. Es por ello que, a la espera que la investigaciones de Osalan, la Inspección de Trabajo y la Ertzaintza esclarezcan los hechos, el ente foral decidió el pasado viernes dejar a la empresa fuera de las obras.

No obstante, Ugarte insistió en que todavía faltan datos, entre ellos, la investigación sobre la maquinaria y el atestado de la Ertzaintza, con lo que hizo un llamamiento a la prudencia.

Cumplir las condiciones

La diputada y portavoz foral comentó que el pasado viernes mantuvo una reunión con representantes sindicales, con los que se reunirá de nuevo mañana con el fin de hacer un seguimiento más intenso de las obras. «Estamos trabajando en colaboración con los sindicatos, y vamos a seguir haciéndolo, para que el convenio sea respetado», apuntó.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Ugarte aclaró que es «absolutamente falso» que la Diputación tuviera conocimiento alguno de irregularidades en dicha obra. «Esta Diputación siempre ha mostrado un firme compromiso a favor del cumplimiento de las condiciones laborales: hemos plasmado ese compromiso en las cláusulas de los pliegos de contrato, y, así, la Diputación puede intervenir e imponer sanciones en caso de incumplimiento», apostilló.

En referencia a este último suceso, señaló que todas las instituciones han llegado tarde y añadió que no había ninguna denuncia en Inspección de Trabajo contra la UTE Lapatza por cuestiones relativas a la seguridad laboral, «sino por incumplimiento del convenio», concretamente en lo relativo a «salarios y horas extras», por lo que «nadie previó, ni avisó» de un posible accidente laboral. Preguntada sobre el hecho de que la reducción en el coste del proyecto haya podido influir en la seguridad de la obra, respondió que «no son ecuaciones relacionadas de ninguna manera».

Concentración en Iruñea

Por otra parte, en relación a la muerte el lunes de un trabajador de 60 años en Tiebas, el sindicato LAB anunció ayer la convocatoria de una concentración mañana a las 12.00 ante la sede de la Inspección de Trabajo de Iruñea. En un comunicado, mostró su pesar por lo ocurrido y denunció la falta de control y medidas de prevención y seguridad, especialmente, en las empresas subcontratadas, lo que, según apuntó, conlleva una mayor siniestralidad.