ACCIÓN JUDICIAL CONTRA EL FRANQUISMO DESDE ARGENTINA
La Fiscalía mueve ficha para evitar la entrega de los torturadores
El Ministerio Público de la Audiencia Nacional no ve «necesaria» la detención de las cuatro personas reclamadas por la Justicia argentina
Alberto PRADILLA | MADRID
El fiscal de la Audiencia Nacional española, Carlos Bautista, «no ve necesario» el arresto de los cuatro torturadores franquistas que reclama la jueza María Servini, que instruye la causa argentina contra los crímenes de la dictadura. Así lo planteó ayer mediante cuatro escritos remitidos al juez del tribunal de excepción, Pablo Ruz, que es quien se encuentra de guardia esta semana. Según informaron diversos medios españoles, el ministerio público instó al magistrado a abrir un expediente con el que solicitar a Argentina que reclame formalmente la extradición. No obstante, la última palabra sobre los arrestos la tendrá Ruz, quien a última hora de la tarde de ayer no había hecho pública ninguna decisión, según fuentes jurídicas consultadas por GARA.
Para rechazar el arresto de los cuatro torturadores (en realidad tres, ya que se ha confirmado que Celso Galván falleció en 2009), la Fiscalía se aferra a varios argumentos jurídicos. En primer lugar, el tiempo transcurrido desde que cometieron los delitos. También alude a la vigencia de la Ley española de Amnistía de 1977, que exoneraría a los torturadores. Además, considera que el convenio entre el Estado español y Argentina sobre extradición exige «un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión del delito» que no ve reflejado en las documentación.
Unos argumentos que no comparte el abogado Carlos Slepoy, representante de los querellantes, quien señaló que los crímenes no pueden considerarse prescritos ni amparados por la Ley de Amnistía porque «se trata de delitos contra la humanidad». Recordó que el procedimiento actual es similar al desarrollado en la misma Audiencia Nacional española contra las dictaduras argentina y chilena. Además, rechazó las tesis sobre la falta de concrección de las demandas y alertó sobre el «riesgo de fuga».
El juez Pablo Ruz es quien tendrá que decidir. Podría decretar el arresto o bien informar al juzgado de María Servini de que los tres torturadores se encuentran a disposición de la Justicia. A partir de entonces, la togada argentina dispone de 40 días para solicitar la extradición. Será entonces cuando la Audiencia Nacional determine si los entrega, los juzga en el Estado español o rechaza ambas posibilidades. «Hay una orden roja de detención de Interpol. Si no fueran detenidos ni juzgados quedaría evidente que su único refugio es el lugar donde cometieron los crímenes», indicó Slepoy.
Argentina anunció ayer que pondrá a disposición sus consulados en todo el mundo para que las víctimas del franquismo puedan prestar su testimonio de forma gratuita dentro de la querella abierta por la juez Servini
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas está abierto a «reconsiderar» el límite por el cual no iba a estudiar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo que fueron anteriores a 1945. Así lo explicó ayer a Europa Press el abogado Miguel Angel Rodríguez Arias, uno de los juristas que se reunió con los miembros de Naciones Unidas que se encuentran de visita en el Estado español y que ayer también se encontraron con familiares de desaparecidos y de víctimas del robo de niños. Según señaló, la ONU fijó este límite ante la insuficiencia de recursos materiales pero no de acuerdo a ningún criterio jurídico. Por ello, celebró su «reconsideración» y calificó de «histórica» la visita practicada. «Queríamos que dejaran Ginebra y vieran con sus propios ojos a la realidad de las víctimas», señaló. El viaje de los funcionarios internacionales se alargará hasta el viernes, cuando tendrán encuentros en Euskal Herria. GARA
