«No sobra ni un policía ni un guardia civil. Nos ayudan y nos protegen a todos». Conrado Escobar, portavoz de Interior del PP (y, por tanto, del partido que sostiene el Gobierno) en el Congreso español dejó ayer clara la respuesta de Madrid a las demandas de repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en la CAV tras el nuevo ciclo abierto por el cese de la actividad de ETA. La derecha española no se quedó sola. PSOE, UPyD y UPN se sumaron al veto a una proposición no de ley del PNV que instaba a readecuar los efectivos de Policía española y Guardia Civil y cumplir así lo dispuesto en el Estatuto de Gernika. Los 279 votos en contra (por 32 a favor, entre quienes se encontraban los jelkides, Amaiur, CiU e IU) evidenciaron que los dos grandes partidos españoles cierran filas frente a la reivindicación de reducir uniformados que es mayoritaria en Euskal Herria, tal y como demuestra la moción aprobada en el Parlamento de Gasteiz el pasado 13 de junio.

La respuesta del PP siguió en la misma línea de la reciente visita del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a los cuarteles de Leitza e Intxaurrondo. «No sobra nadie», insistió Conrado, que llegó a celebrar la «tranquilidad» que a su juicio garantizan acuartelamientos como el de Donostia. «Para que quede claro: es indispensable, oportuna y tranquilizadora la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el País Vasco y en toda España», reivindicó el diputado del PP.

Sin mención al diálogo

En realidad, más que entrar en el fondo de la proposición del PNV, que apelaba al cumplimiento del Estatuto de Gernika, que deja el orden público en manos de la Ertzaintza, el PP se centró en reivindicar la importancia para el Estado del despliegue de Policía y Guardia Civil. «La impunidad ante el enaltecimiento, el olvido frente al delito, la tabla rasa, eso es la claudicación del Estado de Derecho y no lo vamos a admitir», aseguró Escobar, quien cayó en la tentación de poner en cuestión el cese definitivo decretado por ETA, pese a que han transcurrido casi dos años desde que fue anunciado. «Sigue siendo una amenaza, no se ha disuelto», argumentó, dejando clara su poca disposición al diálogo: ni siquiera se molestó en responder a la petición de Aitor Esteban (PNV) de reunir a la Junta de Seguridad y abordar una negociación.

El PSOE, por su parte, también se sumó a las tesis del PP. Antonio Trevín, su portavoz en Interior, consideró «adecuadas» las plantillas de Policía y Guardia Civil, pese a que los datos evidencian que la CAV y Nafarroa son los territorios más militarizados del Estado. En concreto, según señala el texto del PNV, son algo menos de 5.000 los miembros de las FSE (cinco por cada mil habitantes), a los que hay que añadir 8.000 ertzainas. Además, Trevín se refugió en las consideraciones del PP sobre la «no desaparición» de ETA.

«Venimos a que se cumpla el Estatuto de Gernika», había defendido previamente Aitor Esteban, quien apuntó al «excesivo ratio» de policías y guardias civiles como origen de fenómenos como el número de controles de carretera, que se repiten en la CAV de forma «muy superior» a otros territorios del Estado. «La adecuación de las fuerzas de orden público en Euskadi después de dos años del cese de la violencia de ETA debe ser abordada de manera inmediata», consideró.

«Lo mejor en estos tiempos de paz, también para esos policías españoles, es que se vayan», defendió Jon Iñarritu (Amaiur), que denunció los casos de tortura registrados en las últimas décadas, así como el número de «checkpoints» instalados por las FSE en Euskal Herria.