Bruselas llama al orden a París para que respete los derechos de los gitanos
Las declaraciones del ministro francés del Interior, Manuel Valls, sobre la «inevitable» expulsión de gitanos de Rumanía y Bulgaria no solo ha encendido la polémica en el Estado francés sino que ha provocado la advertencia de la Comisión Europea de que adoptará medidas si París no respeta el derecho de circulación y residencia de la población gitana. Además, criticó que ignore los recursos para la inserción social.
GARA | BRUSELAS
La polémica por los gitanos de Rumanía y Bulgaria ha alcanzado su apogeo en el Estado francés, alimentada por la opinión del Ministerio del Interior, Manuel Valls, sobre su «imposible inserción» y su «inevitable expulsión». Lejos de rectificar, ayer repitió en la cadena de televisión RMC/BFMTV que «la mayoría debe ser reconducida a la frontera».
«Es ilusorio pensar que el problema se solucionará únicamente a través de la inserción», sostuvo la víspera, aludiendo a «sus modos de vida extremadamente diferente de los nuestros y que evidentemente están en confrontación». «Los proyectos de inserción deben ser llevados a cabo en Rumanía y en Bulgaria», insistió ayer.
Las declaraciones han hecho reaccionar a la Comisión Europea, que ha recordado que los gitanos tienen derecho a circular libremente por todos los estados miembros. «La libertad de circulación y la libertad de residir en otro país de la Unión Europea es un derecho fundamental que los ciudadanos tienen, sean búlgaros, rumanos o franceses», subrayó el portavoz comunitario, Olivier Bailly.
Procedimiento de infracción
«Si los principios recogidos en los tratados no se respetan, la Comisión utilizará todos los medios a su disposición», advirtió Bailly, al hablar de posibles sanciones.
«Francia respeta todas convenciones europeas», se defendió ayer Valls.
La Comisión Europea puede abrir un procedimiento de infracción contra un Estado miembro si considera que no respeta los derechos fundamentales en vigor en la Unión. Bruselas denunció la confusión «voluntaria o involuntaria» de las reglas y principios europeos que han ofrecido las autoridades francesas. La no pertenencia al espacio Schengen, precisó el portavoz, no impide a los ciudadanos de esos países circular en la UE, y la única restricción que se les aplica es que pueden verse sometidos a controles.
La vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, recordó que «hay elecciones en el aire en Francia», en referencia a los comicios municipales de marzo de 2014. «Cada vez que no se quiere hablar de cosas importantes, como el presupuesto o la deuda, aparecen de nuevo los gitanos», acusó la comisaria en France Info. Según los sondeos, el ultraderechista Frente Nacional tendrá un resultado histórico con una campaña basada en la seguridad y en contra de los extranjeros.
París ignora la integración
Reding criticó la falta de actuaciones del Gobierno francés, señalando que la UE ha puesto a disposición de los estados miembros 50.000 millones de euros para la inserción de los gitanos. «Ahora bien, no se hace el trabajo de integración. El dinero no llega allá donde debería, a los ayuntamientos, a los alcaldes, donde hay asentamientos ilegales que deben ser desmantelados», criticó.
La política del Gobierno francés con los gitanos es desarrollada «con firmeza y humanidad» por Manuel Valls, se defendió la portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem. Pero las observaciones de Valls sobre la integración de los gitanos incluso han sido consideradas «excesivas» por su colega en el Gobierno Arnaud Montebourg, ministro de Recuperación Industrial. «Se ha dicho eso mismo de los italianos, de los españoles, de los portugueses o de los árabes», afirmó Montebourg cuya madre es originaria de Argelia. El propio Valls es originario del Estado español y se nacionalizó con veinte años.
Diversas organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de Valls de «intolerables» y consideraron que «estigmatizan a un segmento de la población». Añadieron que contribuyen a identificar de forma infundada a «los culpables por sus orígenes étnicos».
Respecto al desmantelamiento de campamentos gitanos, el portavoz comunitario señaló que «no cae dentro de las competencias» de la Comisión y es algo que compete a los estados miembros considerar en caso de problemas de orden público, pero insistió en que el objetivo de Bruselas de que estos se hagan en base a un criterio objetivo y no de discriminación.
Los gitanos «continúan siendo víctimas de expulsiones forzosas» de sus campamentos a pesar de una decisión interministerial de agosto de 2012, según denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe, en el que pidió al Gobierno francés que acabe con ellas y le acusó de no respetar sus compromisos internacionales. Según la organización, el ritmo de las expulsiones, que se había frenado ligeramente tras la llegada del PS al poder, incluso están aumentando. «En el primer semestre de 2013, 10.174 gitanos han sido evacuados, un número récord desde 2010. Una vez expulsados, se encuentran sin un techo y se ven obligados a instalarse en otros campamentos», indicó el responsable de operaciones para Europa y Asia central de AI, John Dalhuisen.
Alrededor de 200.000 gitanos viven en el Estado francés, en su mayoría procedentes de Rumanía, Bulgaria y los países de la ex Yugoslavia, según datos de Amnistía Internacional, que denunció que el Gobierno solo ha prometido alojamiento alternativo para una docena de familias de las 800 personas expulsadas en setiembre del mayor campamento en Lille, pero solo tres cuentan con ellas. GARA
