El actual alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, compareció ayer ante la comisión de Hacienda para dar explicaciones sobre la adjudicación, en 2005, del contrato de construcción y explotación de la Planta de Tratamiento de Residuos de Gardelegi a una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte Sufi, cuyo expresidente Rafael Narango está imputado en la causa de la trama Gürtel.

Maroto tiene conocimiento directo de aquel asunto porque era el concejal delegado de Hacienda a las ordenes de Alfonso Alonso, entonces alcalde y hoy portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

Como era de esperar, Maroto reiteró ante los componentes de la comisión de Hacienda que él no dio ninguna información para favorecer a Sufi, pero sus explicaciones no resultaron convincentes para todos los grupos de la oposición. Es más, la portavoz del PSE, Maite Berrocal, anunció que van a remitir un informe sobre la adjudicación de Gardelegi al juez Pablo Ruz, quien investiga en la Audiencia Nacional española la trama Gürtel de presunta financiación ilegal del PP.

Berrocal recordó que el Ayuntamiento adjudicó la planta de residuos por 15 años y comentó que resultaba extraño que, de las cinco empresas que se presentaron al concurso, cuatro fueron «eliminadas», dejando la vía libre a la UTE en la que estaba integrada Sufi.

Más relevante para sostener las sospechas de que este es un asunto turbio es el dato de que, apenas dos días antes de conocerse qué concursante se hacía con la adjudicación, Sufi pagó por un supuesto asesoramiento técnico 330.600 euros a Nige, una empresa testaferro que, como indicó la agencia Efe, aparece en la contabilidad B que la Policía española intervino a Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta.

Maroto mira a los técnicos

Maroto negó la mayor, pero lo hizo sin cerrar la puerta a que terceras personas hubieran incurrido en irregularidades. Así, aseguró que «ganó la mejor oferta», si bien responsabilizó de esa calificación a los técnicos que valoraron todas las propuestas y dijo que el equipo de gobierno que presidía Alfonso Alonso se limitó a ratificarlo.

El primer edil también comentó que, si lo que se plantea desde la oposición es que hubo algún «amaño», en ese caso tendría que haber habido un «mínimo de connivencia» con los técnicos del Consistorio. «Quiero pensar que eso no se ha producido nunca», añadió.

Por parte del PNV, Borja Belandia señaló que su grupo estima que el proceso de adjudicación fue «normal» y que no observa elementos para concluir que hay algo «oculto» en esa adjudicación.

El concejal de Bildu Antxon Belakortu, en cambio, mostró sus dudas porque opina que «no tiene sentido» pagar 330.600 euros a una empresa para que les asesore en un proyecto si previamente no saben si le van a adjudicar o no la obra.

El PSE insistió en que existen demasiadas «casualidades», «mentiras» y «preguntas no contestadas», a lo que Maroto les replicó recordando que representantes de ese grupo político también formaban parte de la mesa de contratación y criticando que no hayan pedido explicaciones a los técnicos.