No suele ser buena señal que, después de un discurso revestido de solemnidad, se hable más de lo que uno ha callado que de lo que uno ha dicho. Eso es lo que ocurrió con el discurso del president, Artur Mas, que ayer inauguró el primer debate de política general de la presente legislatura. Lo hizo con una intervención que no aportó novedad alguna sobre la hoja de ruta del proceso soberanista y en el que, por faltar, faltaron hasta las siempre recurrentes metáforas marineras del president.

Mas comenzó su discurso repitiendo, por enésima vez, el diagnóstico compartido por buena parte de la sociedad catalana de que, después de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, «se levanta un muro en la relación entre la mayoría de la sociedad catalana y el Estado español». «Dicho de otra manera, el encaje solo es posible si Catalunya renuncia a ser un sujeto político», añadió ayer Mas, quien se preguntó, sobre el proceso soberanista, si «alguien realmente se puede sorprender de que hayamos llegado hasta aquí». «Catalunya siente afecto real por España, pero ya no confía en el Estado español», declaró.

Hecho el diagnóstico, Mas quiso dejar claro -por enésima vez también- que el proceso iniciado «no tiene marcha atrás» y que, tras la cadena humana de la Diada, hasta el Estado, «normalmente altivo con las cuestiones nacionales catalanas, casi siempre tan perdonavidas como ignorante, no tiene más remedio que constatar que tiene un problema, y muy grande».

Y para demostrar que no hay marcha atrás, Mas realizó un compendio de las medidas tomadas hasta ahora, desde la Declaración de Soberanía del 23 de enero hasta el último 11 de setiembre, pasando por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

El president también recordó que, tal y como lo establecía el pacto de legislatura firmado por CiU y ERC, el pasado 26 de julio envió una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, cuya respuesta se centró, en palabras de Mas, «en una oferta de vías de diálogo y respeto al marco jurídico». «Somos partidarios del máximo diálogo institucional y hemos llegado a presentar hasta cinco vías legales posibles para la realización de la consulta», explicó Mas, quien añadió que, más allá de las negociaciones, la pregunta clave es: «¿Acepta el Estado español una consulta en Catalunya para conocer la voluntad del pueblo catalán sobre el futuro político del país?». «Si no se acepta este principio, por mucha buena voluntad que haya por nuestra parte, ¿qué se puede negociar?», acabó preguntándose.

Nada nuevo bajo el cielo

Llegado a este punto, cuando se esperaba algún tipo de novedad respecto a los próximos puntos de la hoja de ruta -fecha y pregunta de la consulta-, Mas se limitó a realizar un breve repaso del trazado ya conocido. Explicó que «la consulta se debe celebrar en 2014» y que «antes de final de año» concretarán la fecha, el contenido y el marco o marcos legales a utilizar, con el objetivo de conseguir este triple acuerdo «entre todas las formaciones políticas favorables al derecho a decidir».

Repitió también que quieren celebrar la consulta de forma acordada con el Estado, «o como mínimo en un marco de tolerancia». Eso sí, el president añadió: «si ninguna negociación con el Estado es posible, estoy dispuesto a utilizar todos los instrumentos democráticos y legales a mi alcance con el fin de facilitar que el pueblo de Catalunya pueda decidir libremente su futuro como país, incluida la convocatoria de elecciones». Nada nuevo en realidad, ya que Mas ya anunció esta opción en una reciente entrevista radiofónica, aunque ayer se cuidó de referirse directamente a las elecciones plebiscitarias y a la fecha de 2016.

Al final del discurso, buscando quizá la solemnidad que acompañó al del año pasado, Mas declaró que «las minorías no pueden ni deben obstaculizar el camino que las mayorías han decidido emprender» y que «cuando un país se plantea las situaciones históricas que vivimos en Catalunya, solo hay una solución: votar».

Pero eso ya lo dijo el año pasado. De hecho, hace doce meses fue más lejos; en el mismo discurso en el que anunció elecciones anticipadas y ligó su futuro político al devenir del actual proceso, Mas señaló sobre la consulta: «Lo intentaremos hacer de acuerdo con la ley, pero si no puede ser, lo haremos igualmente».

Por lo tanto, más allá de la retórica, el silencio. Consciente de que hablar del contenido de la pregunta -y referirse a la tercera vía propuesta el lunes por Duran i Lleida- generaría serias tensiones en el seno de los partidos favorables al derecho a decidir, así como en la propia federación nacionalista, Mas prefirió no mojarse y dejar el proceso en el lugar en el que está, sin avanzar ni un milímetro más.

Una indefinición contra la que cargarán hoy los grupos parlamentarios. De hecho, ya lo hicieron ayer. ERC mantuvo su tono suave con el President, cuyo «compromiso» celebró su secretaria general, Marta Rovira, aunque le emplazó a ser «más ambicioso». Menos condescendiente, la CUP exigió que el referéndum se celebre antes del 14 de setiembre de 2014 y pidió que el Parlament reconozca la desobediencia «como instrumento válido y legítimo para proclamar la independencia».

El PSC, para quien la propuesta de Duran i Lleida fue un soplo de aire fresco, reprochó a Mas el no haber hablado de la tercera vía defendida por el líder de Unió.

A todos estos reproches se sumarán en la jornada de hoy las críticas a los recortes y la gestión económica, cuya gravedad reconoció Mas, pese a trasladar buena parte de la responsabilidad al Estado español y a la herencia del Tripartit, e intentar maquillar la situación con los escasos datos positivos y con el anuncio -anticipado hace algunas semanas- de que en 2014, supuestamente, «no habrá nuevos recortes.»