Ion SALGADO

El desembarco de Ambuibérica en la CAV no ha dejado indiferente a nadie. La llegada de la empresa vallisoletana, adjudicataria del servicio de transporte y asistencia a emergencias para la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) en dieciséis municipios vizcainos y nueve guipuzcoanos ha sacado de la carretera a las ambulancias de DYA, ha limitado la presencia de Cruz Roja y ha puesto contra las cuerdas a las empresas de Gipuzkoa, que han recurrido el último concurso público, aprobado el pasado 9 de abril por el Consejo de Gobierno de Lakua.

La irrupción de esa sociedad mercantil también ha suscitado el enfado de los representantes sindicales, que denuncian la «mercantilización» sanitaria impuesta por el Gobierno de Patxi López durante la pasada legislatura, cuando abrió un concurso publico para adjudicar las bases gestionadas por las ONG. Una operación encaminada a dejar en manos de un «gigante» la gestión del transporte sanitario urgente y en la que se han dado nuevos pasos tras la victoria electoral del PNV, encargado de resolver la adjudicación de otros catorce lotes; más de una docena de bases que, hasta ahora, habían sido gestionadas por empresas locales.

Ambuibérica decidió pujar por todas las bases en el primer concurso y por la práctica totalidad de los lotes en el segundo (no se presentó a los de Errenteria e Irun), resultando adjudicataria de 19 recursos asistenciales. Este resultado excepcional, recurrido parcialmente por las empresas guipuzcoanas, ha suscitado sospechas entre los damnificados por la aparición del grupo, que también tiene repartidas sus ambulancias por Madrid, Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Països Catalans y Cantabria, además de en Nafarroa.

Una fuente consultada por GARA intuye que las adjudicaciones podían haber sido acordadas de antemano con la Administración competente. Al fin y al cabo, la entrada de Ambuibérica en Bizkaia estuvo precedida de una operación comercial entre Kutxabank y ProA Capital, un grupo de inversión de capital riesgo que es accionista mayoritario de la firma sanitaria que, según público el Grupo Noticias el pasado mes de marzo, podría estar interesado en comprar las acciones que la entidad financiera vasca posee en Ibermática. «¿Es posible que vaya todo junto, que el Gobierno anterior lo tuviera preparado?», cuestiona la misma fuente, que no ha querido revelar su identidad.

En este sentido, destaca que los últimos concursos de la RTSU estaban diseñados para que Ambuibérica se hiciera con ellos. Solo así se explica que elementos favorables a las empresas vascas, como es el uso del euskara, quedaran excluidos del concurso. «Es como si tú acreditas más títulos y cogen a otro que no acredita un diploma que es necesario», explica antes de remarcar que el segundo concurso, destinado a las empresas privadas, ha estado marcado por la atomización de los lotes. «Se trató de un concurso abierto, en plan `qué venga todo el que quiera y que lo haga el que más barato proponga hacerlo'», añadió.

Esa atomización echó por tierra la creación de una unión temporal de empresas (UTE) a nivel autonómico. «Se podía haber creado una Eusko Emergentziak UTE, pero había factores negativos, como es la existencia de catorce lotes. Este hecho hizo que la gente no pensará tanto como un único ente», lamenta antes de defender un único concurso de bases para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. «Entraría dentro de la lógica que se sacara un único contrato en dos lotes. Uno, el que corresponde al transporte asistencial; y otro, al no asistencial», subraya la fuente, que pone en duda la puntuación obtenida por Ambuibérica en el segundo concurso.

La presidenta del comité de empresa de Ambuibérica en Bizkaia, Begoña Amante, y el secretario general de la Federación de Servicios de ELA, Iñaki Oliden, también critican la puntuación asignada a la empresa vallisoletana en el primer concurso, al que se presentaron Cruz Roja y DYA. Dos ONG que, hasta la llegada del PSE al Gobierno de Lakua, tenían asignadas por convenio unas bases para ambulancias adscritas a la RTSU en la CAV. «Se puntuaron bases inexistentes, porque entonces Ambuibérica no disponía de bases y se le daba la misma puntuación que a DYA y a Cruz Roja. Aparte, se puntuaron los tiempos de respuesta -tiempo que pasa desde que una unidad recibe un aviso hasta que parte hacia su destino- y se le otorgaron puntos a una empresa que en aquel entonces no tenía bases», detalla Amante, extrabajadora de DYA.

Denuncias contra Ambuibérica

Estos detalles no fueron atendidos por los responsables del Ejecutivo de Patxi López, que en 2012 dieron su visto bueno a la entrada de Ambuibérica en Bizkaia, donde se ha generado un tenso conflicto laboral entre la empresa y los empleados, que han dado parte de las condiciones de trabajo a las que se enfrentan cada día a la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social, a Osalan y al Departamento de Salud del Gobierno autonómico. En esos escritos, ELA denunció el despido de tres trabajadores. Tres personas con años de experiencia a sus espaldas que, indica Amante, fueron puestos en la calle «sin motivación alguna».

«Ambuibérica los despidió porque le dio la gana. Porque eran personas que no estaban de acuerdo con la política de la empresa, con los recortes que estaba realizando y con la realización de horas extra», expresa la responsable sindical, que no tiene reparos en denunciar la actitud de una empresa que ha «ido cumpliendo el pliego a trompicones, deprisa y corriendo». A este respecto, señala que «estaba claro que con la oferta económica que hizo -inferior a las de sus rivales- no le iba a dar beneficio».

Oliden respalda esta tesis y recuerda que Ambuibérica es una empresa con ánimo de lucro «que lo único que busca son beneficios y, evidentemente, va a articular todos los mecanismos que estén a su alcance para maximizar su beneficio. Y eso se hace, bien reduciendo gastos, con recortes en la prestación del servicio, o bien reduciendo el gasto de personal». Una idea que preocupa a los trabajadores, que acuden con máscaras a las concentraciones por miedo a posibles represalias por parte de la dirección.

La situación de los trabajadores ha llegado a oídos del viceconsejero de Salud, Guillermo Viñegra, quien en agosto anunció que vigilaría las condiciones laborales de los profesionales subrogados a Ambuibérica, así como el cumplimiento del convenio y de los horarios. Pero el silencio de Lakua inquieta a los afectados, que hace unos días se reunieron con la formación jeltzale para tratar su situación. «Según el PNV es un tema administrativo, pero esto no es solo un tema administrativo; esto también es un tema político, social y laboral», incide Oliden.

«Político por cuanto Osakidetza ha subcontratado unos servicios y los ha dejado en manos de una empresa pirata, que no tiene otro objetivo más que el ánimo de lucro, y obtener beneficios recortando el servicio y recortando el costo laboral. Es un tema social porque no es un problema de una empresa, no es un conflicto entre los trabajadores y la dirección, esto es un problema que afecta a toda la ciudadanía porque estamos hablando de la gestión de la Red de Transporte Sanitario Urgente. Un servicio vital. Y es laboral por los servicios», detalla el representante del sindicato.

Atendiendo a la dimensión política de la adjudicación, EH Bildu ha presentado cinco iniciativas en el Parlamento de Gasteiz destinadas a aclarar lo sucedido durante los últimos meses. Este interés ha despertado esperanzas entre los agentes implicados, que aplauden la intervención de la coalición soberanista. «Que EH Bildu se haya interesado por este tema y haya visto que algo huele mal ha sido un espaldarazo para nosotros, porque creemos que, por lo menos, su implicación va a servir para poner nombre a los responsables de lo que vaya a ocurrir en un futuro porque, si no se le pone remedio, esto no se va a quedar en tres despidos», augura Amante. Sentado junto a ella, Oliden destaca que, gracias a las interpelaciones, la ciudadanía va a conocer cual es el modelo de sanidad diseñado por Lakua.

Debate sobre el modelo

Esto es justo lo que quiere debatir la coalición soberanista. En declaraciones a GARA, Rebeka Ubera comentó que la sociedad debe preguntarse «si queremos que el transporte sanitario se gestione directamente desde el sistema público. Y, de no ser así, habrá que ver cómo garantizar un servicio de calidad a la hora de externalizar». «Cuando la Administración saca a concurso cualquier oferta, tiene que hacerlo con rigor y seriedad, y con unos criterios claros y objetivos. Que tenga por objeto el interés general y no interés particulares economicistas y mercantiles», añadió la parlamentaria.

El grupo parlamentario de EH Bildu ha reclamado la comparecencia del consejero de Salud, Jon Darpón, y de los trabajadores de Cruz Roja y DYA en la Comisión de Salud y Consumo del para explique la situación abierta por la implantación de Ambuibérica.