En Colombia es muy común escuchar que con determinada decisión judicial o disciplinaria se declara la muerte política de un ciudadano o ciudadana cualquiera, como consecuencia de haber cometido un delito de orden penal. Seguramente, la ley de este país está repitiendo normas de otros estados.

También ocurre tal cosa cuando una persona es objeto de repudio entre los electores de un proceso para escoger un cargo de origen popular.

Más recientemente las encuestas y sondeos de opinión están indicando cuál es la situación de algunas personas que tienen reconocimiento social y público.

Bien se puede afirmar que cuando las tendencias de una pesquisa arrojan como resultado el descenso en la aprobación de un personaje, este va entrando en los laberintos de lo inexistente e irrelevante para el resto de los integrantes de la sociedad.

En América Latina, los casos del Perú, con Alejandro Toledo, y de Chile, con Sebastián Piñera, son muy reveladores. Toledo fue un fiasco y su caída espectacular en la aceptación ciudadana marcó su destino político en el ostracismo. Piñera condujo, por fortuna, a la ruina de la derecha recalcitrante pinochetista dando paso, de nuevo, a la concertación que lidera la señora Bachelet.

En las mismas está el señor Juan Manuel Santos. En encuesta tras encuesta, desde hace más de un año, el registro es su caída sostenida en los niveles de aceptación entre las mayorías de la sociedad.

Hoy se dio a conocer un sondeo de la empresa IPSOS, y 77 de cada 100 personas rechazan su gestión, manifestando, además, su oposición a la reelección por otros cuatro años más. Una situación nada nueva pero que el reciente paro agrario, violentado y ultrajado por los cuerpos policiales del dueño de la Casa de Nariño, consolidó como reflejo de la profunda crisis política que vive la sociedad colombiana.

Santos ya vive su muerte política. Es un cadáver que requiere sepultura.

Esa realidad no la quieren admitir en la Presidencia de la República y en la Unidad Nacional santista, y andan con el cuento de un repunte milagroso en los próximos meses, merced a los resultados que se verán en varios frentes de la gestión gubernamental. Puro artificio de demagogos.

Colombia está inmersa en un gran vacío político y los grupos populares mayoritarios, que emergieron con las recientes protestas sociales, están llamados a jugar un papel central en la búsqueda de alternativas democráticas y revolucionarias que instalen un poder diferente al viejo dominio de la oligarquía feudal y financiera que controla la maquinaria gubernamental.

Parte de una nueva infraestructura política democrática es la superación del conflicto armado y la construcción de una paz con justicia social. Tarea que un muerto político no puede realizar.

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