La instrucción del «caso CAN» se ha cerrado en Iruñea. La juez María Paz Benito tira la toalla definitivamente y lo archiva. La única instrucción que llevaba, el estudio de los créditos que se concedieron a los consejeros, se quedará a medio hacer a menos que lo retome la Audiencia Nacional, cuya Fiscalía ya mostró interés. El auto emitido por el Supremo en julio para no imputar a Yolanda Barcina deslinda los presuntos delitos cometidos en CAN de las responsabilidades políticas. Por ello, la juez navarra entiende que a partir de ahora los hechos que investigaba solo podrán perseguirse como delitos societarios y, según la división que se hizo del caso, asume que esa parte de le corresponde al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.

Cuando se produjo el reparto del caso, Benito se quedó tan solo con los elementos denunciados por Kontuz que eran susceptibles de constituir cohecho, o prevaricación, es decir, los delitos que únicamente pueden cometer los cargos públicos. Todo lo demás -falseamiento de cuentas, operaciones presuntamente fraudulentas, estafa por la salida a Bolsa, etcétera- pasó a la Audiencia Nacional. En concreto, en Iruñea se quedaron las dietas de la Permanente, la concesión de créditos blandos y la falta de inspecciones.

Cuando Benito elevó su exposición motivada al Supremo solicitando la imputación de la presidenta por ser aforada, el TS resolvió que, aunque Barcina era a su vez presidenta de Nafarroa y presidenta de la Comisión Permanente de CAN, tomó las decisiones como cargo de la caja y no como cargo público. Este es el único motivo por el cual la denuncia de Kontuz (respaldada por UPyD) no prosperó. Y el mismo por el que Barcina se libró de la denuncia de Navarra Building. Ayer, Benito afirmó que «aun cuando pudieran apreciarse irregularidades en la concesión de créditos a quienes tenían condición de autoridad (sus familiares o empresas) y formaban parte del Consejo de Administración o los diversos órganos de CAN, no estaríamos en ningún caso, según el criterio del TS, ante un delito de cohecho, sino en su caso ante alguno de los delitos que quedaron reservados a la competencia del Juzgado Central número 6». Aun así, contra este fallo cabe todavía recurso y es más que previsible que Kontuz y UPyD lo presenten. O, al menos, esa intención tenían ayer por la tarde.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se había interesado por los créditos que se concedieron a los consejeros. En su día, solicitó que se investigaran por si constituían un delito societario, pero la diligencia se negó, puesto que ya se estaban investigando en Iruñea. Por tanto, los créditos blandos no van a «morir», sino que se trasladarán.

Mismos hechos, distinto delito

El final de las investigaciones de la CAN en Nafarroa decretada ayer tiene, fundamentalmente, una consecuencia negativa: el tiempo. El Juzgado que dirige el juez Eloy Velasco avanza muy lentamente, dado que la instrucción es mucho más compleja. Ya no se trata de un proceso centrado en CAN, sino que engloba a toda Banca Cívica. Por otro lado, la desvinculación entre el cargo público y el puesto en la caja que determinó el Supremo no supone que los políticos navarros hayan eludido ya toda responsabilidad. Básicamente, se les perseguirá por los mismos hechos, pero con una tipificación delictiva diferente.

Por ejemplo, Miguel Sanz en CAN ocupaba el mismo cargo que Miguel Blesa en BFA (matriz de Bankia), que ya pasó por prisión, aunque fueran solo unos días. Es la particularidad de la caja aforada, que sus máximos órganos de gobierno eran también los máximos órganos de gobierno en Nafarroa. Por ello, el auto tampoco exonera a la actual presidenta navarra, puesto que en Madrid se investiga un presunto falseamiento de cuentas en CAN y Barcina fue la máxima responsable en este punto, en la medida en que dirigió la Comisión de Control de la entidad durante los años en los que se produjeron estas presuntas falsedades.

Por contra, uno de los mayores beneficiarios del archivo y consiguiente traspaso de un juzgado a otro es el grupo La Información, editor de «Diario de Navarra», que recibió un crédito de 16,25 millones de euros que la caja no notificó a ningún organismo regulador y cuyas condiciones se desconocen. Ahora, el proceso para identificar los créditos sobre los que persisten dudas legales empezará desde cero. En un principio, la juez sostenía que este crédito debía de haber sido autorizado por el Departamento de Economía, pero según se desprende del auto de ayer, ya no lo considera así. Tampoco aclara por qué.

Lo más preocupante, desde el punto de vista de las acusaciones, es que la juez no mencione nada en su último auto sobre su investigación de las inspecciones a Caja Navarra. Tanto la legislación vigente como los propios estatutos de la entidad dejaban bien a las claras que la competencia era del Gobierno navarro. Kontuz formuló una denuncia a este respecto, calificando esta dejación como un delito de prevaricación por omisión. En un principio, Benito investigó las inspecciones junto con las dietas de la Permanente, entendiendo que el abono de estas dietas estaba vinculado a la falta de inspecciones y elaborando la primera tesis del cohecho. En ese momento, solicitó varias diligencias hasta comprobar que, efectivamente, la última inspección que realizó el Gobierno navarro databa del año 1976. Después de eso, solo se realizaron otras dos inspecciones más, a cargo del Banco de España, que tuvo que solicitar el permiso a las autoridades navarras. En otras cajas, las inspecciones del BdE eran trianuales.

En varios de los interrogatorios -en concreto, el que realizó al expresidente Miguel Sanz y el exconsejero de Economía, Álvaro Miranda- la juez realizó varias preguntas sobre las inspecciones. Sin embargo, cuando terminó de interrogar a imputados y testigos se decantó por el cohecho pasivo impropio (pagos en función de su cargo, pero sin contraprestaciones a cambio del dinero cobrado), dejando al margen las inspecciones. Ahora ha ordenado poner fin a todas las actuaciones y sigue sin mencionar nada sobre la obligación que tenía el Gobierno navarro de inspeccionar. Y a esta parte del caso no afecta para nada el fallo del Supremo.

A todas luces, la juez tenía elementos suficientes como para proseguir con el caso. Más allá de las consideraciones jurídicas, cabe interpretar que Benito, simplemente, se ha rendido.