El Gobierno del PP tiene entre sus herramientas de alienación y agitprop la de Gibraltar, la de dar caña al mono vasco. Son cortinas de humo para que el personal de a pie no reflexione sobre la deriva que llevan las cosas desde que manejan a su manera el rodillo que la mayoría absoluta les otorga. El discurso oficial unánime es que todo va bien gracias a las políticas del Gobierno; que se está creando empleo, cuando el paro ha crecido en el Estado en veinticinco mil personas...Y para que nadie piense que todo es una falacia, pues Gibraltar durante todo el verano y redada contra el «entorno» ahora, que ya se sabe que son productos de consumo que venden muy bien al sur del Ebro. Esta semana hemos tenido el último ejemplo con la nueva operación antiabertzale basada en la persecución de quienes llevan a cabo labores de asistencia humanitaria a los presos. Más impresentable que nunca.

Entre tanto, sin pausa, van llevando a cabo su programa de gobierno consistente en privatizar todo lo posible para obtener pingües beneficios para la obra. Buen exponente de este asalto organizado a lo público es lo que está ocurriendo en el Fogasa. Ya hace algún tiempo se privatizó la distribución de las resoluciones del organismo. Antes era a través de correos, y recibías la resolución y al cabo de unos días el dinero. Ahora a través de una mensajería y recibes el dinero y no sabes de quién es hasta que al cabo de unos cuantos días recibes la resolución. No cabe duda de que la privatización ha supuesto una mejora del servicio.

Recientemente han puesto en marcha el plan de «Gestión y Resolución de Expedientes Temporalmente atrasados», conocido como Greta, pomposas denominaciones que evocan los partes que el Capitán Pantaleón Pantoja redactaba para informar a la superioridad de las incidencias de su Ejército de meretrices.

El Fogasa ha triplicado en cuatro años el numero de expedientes atrasados, superando los 150.000. Durante algún tiempo había funcionarios que los iban resolviendo fuera de horas, percibiendo 1,80 euros por expediente. Ahora se ha externalizado, o sea privatizado, y se calcula que el precio a pagar superará los 20 E

La concesionaria del servicio es Tragsa, dedicada a las transformaciones agrarias y de dudosa competencia, por tanto, y que también participa en la tramitación de las becas universitarias a las órdenes de Wert.

Para que todo sea redondo, han contratado a más de cien funcionarios interinos para que lleven a cabo el trabajo necesario para la entrega de los expedientes atrasados a Tragsa. Aunque se dice lo contrario, el problema no es temporal, sino estructural, pues se reciben anualmente muchísimos más expedientes que los que se pueden resolver, con lo que la bolsa de atrasados/atascados difícilmente va a desaparecer y así la externalización temporal se convertirá en privatización permanente de una parte importante de la gestión de un servicio publico. Perfecta muestra de ingeniería marrullera.