En una rueda de prensa celebrada en Donostia, el responsable de Negociación Colectiva de ELA, Joseba Villarreal, que compareció junto al responsable del sector, Iñigo Zubeldia, y de las propias trabajadoras afectadas, acusó a la empresa Sar Quavitae por materializar los despidos y a la patronal guipuzcoana Adegi por instigarlos.

El sindicato relató que, el pasado mes de julio la empresa y Adegi «pusieron en marcha un plan estratégico» contra los huelguistas de Berra -plan que ELA califica de «puro terrorismo patronal»- diseñado para «amedrentar a la plantilla, generando para ello una realidad laboral ficticia que tenía como fin que las huelguistas entraran a trabajar con las orejas gachas».

La central explicó que estas veinte trabajadoras decidieron seguir ejerciendo su derecho a la huelga, por lo que «desde el 19 de julio han recibido todo tipo de amenazas y coacciones, de palabra y a través de burofax».

Las consecuencias de este conflicto llegaron el pasado 27 de setiembre al notificar la empresa el despido de las veinte trabajadoras. En este sentido, ELA exigió a Sar Quavitae la «inmediata» readmisión de estas empleadas y añadió que no va a permitir que «se vuelva a imponer un estado feudal en nuestras residencias. No vamos a dar ni un paso atrás ante Adegi y Sar Quavitae. La pelea se va a intensificar y cada cual deberá asumir su papel hasta el final», puntualizaron.

«Nulo interés de Adegi»

ELA recordó que el conflicto laboral en las residencias de la tercera edad de Gipuzkoa comenzó en octubre de 2012 con motivo de la negociación para la renovación del convenio. Añadió que, entonces, «se constató el nulo interés de Adegi por asumir mejoras laborales, así como su férrea negativa a admitir garantías efectivas de aplicación del convenio».

El sindicato considera que, ha día de hoy, «esta pelea se ha ganado en el 97% del sector, porque desde mediados de julio solo quedan tres residencias en lucha -Berra, Villa Sacramento y San Ignacio- que, casualmente, son gestionadas por el núcleo duro de Adegi».

Por este motivo, instaron a la Diputación de Gipuzkoa a dar por finalizado el convenio suscrito con Sar Quavitae, «garantizando todos los puestos de trabajo y los derechos de la plantilla de esta empresa». ELA considera que «no se puede ejercer la tiranía empresarial con la financiación de los impuestos pagados por todos los guipuzcoanos».