El crimen, el pasado 18 de setiembre, del joven rapero Pavlos Fyssas puso a la Fiscalía del Tribunal Supremo a trabajar en tiempo récord. En pocas horas se llevaron a cabo las primeras detenciones y se anunció el inicio de una amplia investigación interna en el seno de la Policía para tratar de aclarar las acusaciones de pasividad o, incluso, colaboración con la organización nazi. Una veintena de altos cargos policiales fueron cesados y la cadena de arrestos engordó con agentes y parlamentarios de Amanecer Dorado (AD). Los grandes medios y una parte de la opinión pública respiraban tranquilos, la Justicia actuaba.

El movimiento antifascista y las asociaciones de inmigrantes se encargaron de recordar que desde hace meses denunciaban los crímenes racistas y la connivencia policial sin ser escuchados. Fyssas no abrió la lista de muertos por la barbarie neonazi, hubo cuatro antes que él, pero fue el primer griego. Y eso marcó un punto de inflexión.

Mirar para otro lado

El primer ministro Antonis Samarás tardó bastantes horas condenar públicamente la muerte, y lo hizo presionado desde Europa y por la importante respuesta popular que estaba teniendo lugar en las calles de numerosas ciudades del país. En su breve alocución aseguró que no permitiría a «los herederos de los nazis envenenar la vida social, cometiendo delitos, aterrorizando y debilitando las bases del país que dieron origen a la República». Pero ¿por qué con tanto retraso? La investigación contra AD ha sacado a la luz un informe, realizado por los servicios secretos griegos, sobre las actividades de miembros del partido durante los meses anteriores a las elecciones de junio de 2012. El grueso expediente contiene detalles como los referidos a los negocios del diputado Yanis Lagos, «chantaje, protección de establecimientos de ocio nocturno, tenencia ilícita de armas, trata de mujeres», y también informa sobre las numerosas detenciones que sufrió en Atenas y Tesalónica tras incidentes con otros miembros de AD. Lagos es un personaje «con conexiones en los bajos fondos» y responsable de los «escuadrones de asalto» en la zona de El Pireo, donde obtuvo su escaño y donde fue apuñalado Fyssas.

El informe tiene fecha de febrero de 2012 y aunque su contenido dejaba bien a las claras qué tipo de organización era AD, fue archivado. Incluso cuando en diciembre de ese mismo año el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, fue entrevistado por el magazine «Unfollow» aseguró que Amanecer Dorado era «solo un partido político» y no mantenía «ninguna relación sistémica con la Policía». Esta semana se ha publicado que incluso el director de los servicios de inteligencia, nombrado por Samarás, podría haber sido un informante del partido fascista.

También en 2012, mientras Dendias miraba hacia otra parte y se dedicaba a detener a miles de inmigrantes en Atenas y a enviarlos a los campos de concentración sin cargos, juicio ni condena, un grupo de teatro trató de poner en escena una obra de contenido gay, pero la violencia de AD se lo impidió. Ante la indiferencia policial miembros del partido lanzaron piedras contra los asistentes y golpes contra los periodistas.

En marzo de este año Samarás miró también hacia otro lado cuando la Junta Central de Comunidades Judías de Grecia pidió al Gobierno que retirara al historiador Yanis Kotulas de su puesto como asesor del Ministerio del Interior por su visión poco crítica con el nazismo. En su libro «El ascenso del Tercer Reich», se refirió al nazismo como una «gran revolución», y en otra de sus publicaciones escribió que los campos de concentración son «una práctica habitual y consolidada en todas las zonas en conflicto». Para la comunidad judía «lo que el asesor ministerial apoya en sus libros revisionistas son un insulto a la memoria de las víctimas de la ocupación alemana y el Holocausto».

Otro connotado antisemita es el ministro de Sanidad, Adonis Yeoryiadis. El que fuera portavoz del moribundo LAOS, partido religioso y ultranacionalista, se ha expresado con admiración hacia el dictador fascista Metaxas (1936-1941), ha puesto en duda la matanza de decenas de estudiantes en el Politécnico (1973) durante la dictadura de los coroneles y ha usado términos antisemitas.

Destacados parlamentarios del gubernamental Nueva Democracia (ND) han manifestado además la conveniencia de contar con el apoyo de AD. Entre otros, el exministro Vyron Polydoras, cuando dijo que «Amanecer Dorado no es una amenaza para la democracia», y Panagiotis Psomiadis, quien consideró que deberían «unir fuerzas con todos los partidos hermanos, como Amanecer Dorado». Y esta semana Failos Kranidiotis, asesor del primer ministro, escribió en Facebook que no podía condenar a AD pues «no maldigo ni a patriotas ni a nacionalistas, guardo mis `balas' para mis verdaderos rivales». También en esa ocasión Samarás mantuvo silencio.

Es ese sector duro de ND el que echó por tierra el proyecto de ley antirracista presentado por el entonces ministro de Justicia, Antonis Rupakiotis, de Izquierda Democrática, durante el Gobierno tripartito. La iniciativa buscaba endurecer las penas por odio racial y atacaba la financiación pública de los partidos con condenados por estos delitos, pero el Gobierno la guardó en un cajón. En una reciente entrevista, Rupakiotis no dudó en culpar «al ala más dura y derechista de ND, así como curas, militares y oficiales de policía más reaccionarios, todos ellos sectores donde ND busca su voto». Añadió que «solo un número limitado de miembros del Gobierno son contrarios a tratar el problema de la inmigración respetando las convenciones internacionales y el derecho».

Hasta ahora destacados políticos y comentaristas conservadores planteaban la posibilidad de que el partido de Samarás formara Gobierno con los neonazis si se mostraban más «moderados». Sobre todo teniendo en cuenta la caída en picado del Pasok, que podría incluso quedar sin representación en unas hipotéticas elecciones. Los recientes acontecimientos han dinamitado cualquier tipo de entendimiento.

Cálculos políticos

Otra corriente escuchada estos días es la de la posible ilegalización del partido nazi. Sin embargo, esta propuesta no tiene encaje en el ordenamiento jurídico griego, pues la Constitución lo impide expresa- mente. «Tras la dictadura de los coroneles hubo un consenso social para que nunca más se prohibieran los partidos», explicó a GARA el jurista Yianis Rajiotis, quien añadió que las leyes persiguen actos delictivos y no posiciones políticas.

Rajiotis consideró que tanto el Gobierno como sectores económicos se han servido de AD para reprimir al movimiento popular y a los trabajadores. «Armadores y otros empresarios han estado financiando al grupo fascista usándolos como matones y rompehuelgas», dijo, pero tras la muerte de Fyssas «Samarás quiere hacer ver que tiene controlada la situación».

Ahora la opción del primer ministro pasa por descabezar al partido, tratando de hundirlo políticamente, y confiar en que otra formación, formalmente más moderada, recoja el testigo electoral y se acerque al redil de las políticas de austeridad.