Mira, se ha vuelto a mover todo». Quien habla al otro lado del teléfono es Lluc Ulldemolins, miembro de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia y vecino de Alcanar, el pueblo más meridional del Principat. Poco después, los medios afirman que ha sido un nuevo terremoto, en esta ocasión de 3,7 grados en la escala Ritcher. Es la rutina del último mes. Desde el 8 de setiembre, más de 450 terremotos han sacudido el sur del Principat y el norte del País Valencià. La mayoría no han superado los dos grados, por lo que la población no los ha notado, pero en alguna ocasión han llegado hasta los 4,2 grados, creando «alarma y preocupación» entre los vecinos, según explica Ulldemolins, quien reconoce que «en las últimas semanas no se habla de otra cosa en el territorio». Precisamente, fueron los vecinos los primeros en señalar al que ahora ya es responsable del episodio sísmico a ojos de todos: el proyecto Castor.

Se trata de un almacén submarino de gas, situado a 22 kilómetros de la costa, entre Alcanar y Vinaròs, el primer pueblo del País Valencià. La instalación está construida sobre una antigua plataforma petrolífera y se encuentra, en teoría, lista para iniciar sus actividades. De hecho, el episodio sísmico ha coincidido con las primeras inyecciones de gas cojín a presión -el gas que cubre las rocas y sobre el que después reposa el gas comercial-, por lo que la relación entre este inicio de las actividades y los terremotos ha sido inmediata. De hecho, el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, así como la propia empresa encargada, Escal UGS, admitían esta semana la alta probabilidad de que el almacén de gas sea el responsable.

Por ello, el 26 de setiembre, Industria ordenó a la empresa paralizar la inyección de gas hasta aclarar lo sucedido. Sin embargo, los terremotos no han parado, lo que llevó el pasado viernes a la Fiscalía de Castelló a abrir una investigación y enviar un helicóptero de la Guardia Civil a la plataforma marina, para asegurarse de que las actividades estaban paralizadas. El ministro Soria se ha cansado de repetir esta semana que la instalación no volverá a ponerse en funcionamiento hasta que haya una certeza absoluta de seguridad para la población. Pero Ulldemolins no confía demasiado: «si ya hay expertos diciendo que no habrá peligros para la población, seguirán adelante».

¿No se podía prever?

En el mundo hay más de 600 almacenes como el de Vinaròs -uno de ellos en Bermeo- y los expertos aseguran que entra dentro de la normalidad que, durante el proceso de inyección de gas, se produzcan microseísmos de muy baja intensidad. Sin embargo, los terremotos con epicentro en la desembocadura del río Sénia han ido más allá y la propia empresa ha reconocido que su intensidad está muy por encima de la prevista.

Son varios los geólogos que han dado su opinión en los medios, entre ellos Mariano Marzo, catedrático de recursos energéticos de la Universitat de Barcelona, quien lanzó como hipótesis que las inyecciones de gas habrían podido reactivar la falla de Amposta, dando paso a este episodio de terremotos más intensos de lo previsto.

También habló una de las mayores autoridades en terremotos inducidos en el Estado español, el catedrático de ingeniería geológica de la Universidad Complutense de Madrid, Luis González de Vallejo, quien aseguró que tanto la empresa como el Gobierno español «tenían que saber que esto podía pasar», ya que, a su juicio, las nuevas tecnologías permiten prever episodios como estos. Afirmó que, con un estudio detallado, se podría adaptar la presión del gas al almacén, atenuando de esta manera los temblores.

Para ello, lo primero que se necesita es un estudio sismológico sobre la zona. Algo que, según la Plataforma opositora, no existe. Ulldemolins explica que dicho estudio «debería estar en el estudio de impacto medioambiental y no está». Y responsabiliza de ello a la empresa y al entonces Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria. También denunciaron el hecho ante la Comisión Europea, que igual que el Gobierno español, cerró los ojos.

El de los terremotos no es, además, el único peligro por el que desde hace más de cinco años vecinos de la zona se oponen al proyecto. Ulldemolins recuerda que «este almacén antes estaba lleno de petróleo, del que todavía quedan restos; cuando se inyecte más gas a alta presión, no sabemos qué puede pasar». También lamenta que «se dijo que aportaría muchos puestos de trabajo en la zona, pero no está siendo así». Es más, les preocupa «la afectación que el proyecto pueda tener sobre la pesca o la ostricultura, que son los motores económicos reales de la zona». Entidades ecologistas han subrayado el peligro que suponen los terremotos para las tres centrales nucleares situadas en la zona -las dos de Ascó y la de Vandellós-.

Pero no va a ser fácil echar atrás el proyecto. En los últimos días se multiplican los mensajes de tranquilidad a la población, asegurando que los temblores no irán a más y repitiendo, en tono fatalista, que no hay más remedio, que el Estado necesita almacenes como éste para asegurar el suministro energético necesario para mantener el modelo energético actual.

«No se dan cuenta que dicho modelo es parte del problema», señala Ulldemolins, que pone en duda la verdadera necesidad de un almacén como éste, sobre todo teniendo en cuenta que en los años de crisis, el consumo de gas ha descendido «una barbaridad».

Igualmente, insiste, el problema de fondo no es este, sino un modelo energético y económico que obliga, supuestamente, a tener almacenes como éste. «Podrían haber destinado los 1.300 millones que ha costado esto a investigar en energías renovables», concluye.