La actuación personal del señor Ander Rodríguez excede del comportamiento que se espera de un diputado». Así lo afirma el señor José Miguel Ayerza, en nombre y representación de la patronal Adegi, en la demanda presentada en mi contra ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se refiere al compromiso de la Diputación de Gipuzkoa de destinar 8,2 millones de euros en dos años a financiar mejoras en las condiciones laborales de las 4.800 trabajadoras de residencias y centros de día del Territorio, a cambio de que la patronal no aplicara la reforma laboral española. El objetivo de esta propuesta era poner fin a una huelga que afectaba a más de 6.000 usuarios y usuarias de estos servicios, además de garantizar a las cuidadoras unas condiciones de trabajo dignas, para que pudieran también ofrecer unos cuidados dignos en la red pública.

¿Cuál es el comportamiento que se espera de un diputado? Llevo semanas planteándome esta pregunta y no creo que tenga fácil respuesta. Lo que empiezo a comprender es lo que Adegi no espera de un diputado. Un portavoz de la patronal guipuzcoana nos daba alguna pista: «Que se dedique a lo suyo, que es legislar, controlar la calidad del servicio y poner el dinero». Es decir, «pagar y callar». A juicio de Adegi, este es «el comportamiento que se espera de un diputado».

Lo que la patronal parece no querer asumir es que la función que sí parecen reconocerme, «el control de la calidad del servicio», está intrínsecamente relacionada con las condiciones laborales que se desarrollan en el mismo, y mostrar una posición en relación a esto es uno de los comportamientos que, a mi juicio, sí cabría esperar de cualquier representante público con un mínimo de responsabilidad.

Durante los primeros meses de negociación del Convenio Provincial de Residencias y Centros de Día en Gipuzkoa, la única propuesta de Adegi consistía en aplicar la reforma laboral española, congelar los salarios e incrementar la jornada hasta las 1.630 horas anuales. De haber prosperado semejante propuesta, se habrían destruido 90 empleos en Gipuzkoa y casi 3 millones de euros de dinero público habrían pasado de los salarios de las trabajadoras a engordar los beneficios empresariales, con el consiguiente retroceso en la calidad de la atención a las personas con depen- dencia en los servicios públicos. ¿«Pagar y callar» hubiera sido el comportamiento que se espera de un diputado?

Mi actuación, considera Adegi, a la par que excesiva, ha vulnerado derechos fundamentales como el de negociación. Lo que la patronal no quiere entender es que nos encontramos ante una relación entre cliente y proveedor. Y que esta vez, se han encontrado con que el cliente, la Administración Foral, no está dispues- ta sólo a «poner el dinero», sino que lo condiciona a una serie de requisitos en las condiciones laborales, porque entiende que si estas se degradan, la conflictividad aumenta, el servicio empeora y las personas residentes sufren las consecuencias.

Estas y otras opiniones son, a juicio de Adegi, «actitudes ilícitas», es decir «no permitidas legal ni moralmente». Tengo la certeza de no compartir código moral con Adegi, por ello no me siento ofendido. Mi moral me empuja a considerar legítimo que si debemos incrementar la tarifa que abonamos a las empresas, tenemos derecho a decir en qué condiciones queremos que nos presten el servicio.

«No incluiremos claúsulas antirreforma ni con cien días de huelga», decía un portavoz patronal el pasado 26 de febrero (haciendo gala, como ven, de una gran sensibilidad por la calidad en la atención a las personas). Afortunadamente no han tenido que pasar 100 días para que el 93% de las trabajadoras del sector gocen de las garantías necesarias para desarrollar el trabajo de cuidados en condiciones dignas. Y este es el fondo de esta estéril polémica. Es esta realidad la que provoca la pataleta de Adegi.

¿Por qué la patronal elige ahora la vía penal, cuando había calificado los hechos meses antes como posibles ilícitos administra- tivos y los había recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa? Porque por la vía penal, con la demanda presentada ante la Fiscalía, puede apuntar contra mí, pretendiendo atemorizarme personalmente, cosa que en la contencioso-administrativa no puede, pues a quien se demanda es a la Diputación.

No sé si su denuncia ante la Fiscalía prosperará aunque, sinceramente, será la ciudadanía con su voto quien decida si la actitud de la Diputación de Gipuzkoa debe volver a su situación anterior. A pagar y a callar.

Termino adaptando a mi realidad las palabras de Trotsky: si hubiera de comenzar otra vez, trataría de evitar tal o cual error, pero el curso general de mi «comportamiento» permanecería inalterado. Queda escrito.