Por el momento, o hasta que se constituya el próximo ejecutivo alemán, nadie parece querer arriesgarse a marcar el camino que deberá seguir Atenas en los próximos meses. Solo el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzó a finales de agosto que de cara al próximo ejercicio se debían suprimir las exenciones fiscales, principalmente en partidas sociales, y aumentar los impuestos directos en un 12,4 por ciento.

El primer ministro, Antonis Samarás, ha tomado buena nota de ello y el borrador del presupuesto para 2014, que será presentado en la Asamblea Nacional el próximo lunes, contempla un incremento de la presión fiscal de 1.500 millones de euros y una rebaja en el gasto público de 2.200 millones. Los recortes afectarán a las partidas de pensiones, salud, educación y defensa, y con ello el ejecutivo griego espera poder evitar medidas adicionales de austeridad. El aumento de los impuestos se basará en la ampliación de los relacionados con las propiedades inmobiliarias y en la aplicación de nuevos tramos impositivos a los asalariados, pensionistas y, especialmente, los trabajadores por cuenta propia. Con ello, los 5,7 millones de contribuyentes griegos sufrirán un aumento medio per cápita de 400 euros, a añadir a los cerca de 3.400 euros anuales que ya pagan, lo que para muchas familias supone más de una tercera parte de sus ingresos.

Todas estas medidas responden únicamente a las demandas de los acreedores internacionales para tratar de cuadrar las cuentas del Estado y mantener la deuda soberana dentro de lo que consideran «margen de sostenibilidad». Sin embargo, sus resultados son más que dudosos a la luz de los datos del propio Ministerio de Finanzas, según los cuales la deuda griega superó los 321.000 millones de euros durante el primer semestre de 2013. Cifra que supera a la existente en 2009, antes del estallido de la crisis, que es 18.000 millones de euros mayor que la existente a finales de 2012 y que equivale al 180 por ciento del PIB del país.

Pese al dislate de Samarás de que «Grecia es una historia de éxito», y las infundadas declaraciones que a diario realizan los miembros de su gobierno sobre el fin de la crisis, numerosos economistas críticos reclaman un cambio de rumbo que no llega. Para Kostas Lapavitsas, profesor de Teoría Económica en la Universidad de Londres, las medidas impuestas por la troika son «destructivas» y el rumbo del país «insostenible», pues lo único que buscan es la reducción de la deuda y no la recuperación económica del país o la solución de los graves problemas sociales en los que se encuentra.

Incluso el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, tuvo el arrojo de afirmar hace unos días que los esfuerzos de Grecia dan sus frutos y que «ahora podemos decir que hay una luz al final del túnel». Mientras los grandes diarios recogían estas declaraciones, la Agencia de Estadísticas de Grecia (ELSTAT) publicaba un informe en el que valoraba la caída de los ingresos del país en un 75%, con respecto al inicio de la crisis en 2008, situándose en el nivel de 2002. Además se constataba una fuerte reducción de la inversión, el consumo interno y la producción industrial. Los salarios se redujeron un 32% con respecto a 2008, la construcción un 70,2%, el negocio inmobiliario un 39,9%, la minería y la metalurgia un 42,7%, las finanzas y los seguros un 29,6% y las importaciones un 48,2%. Todo ello aderezado con un desempleo oficial que ya roza el 28%.

desempleo sin control

Una de las mayores preocupaciones de los griegos es el desempleo, que en seis años de recesión económica ha aumentado en un millón de personas y 20 puntos porcentuales. La favorable temporada turística de este año, en la que se alcanzó la cifra récord de 17 millones de turistas extranjeros, ha supuesto un ligero freno al implacable ascenso del paro; una bajada de tres décimas en la cifra de personas sin trabajo y un aumento de un punto en el número de contrataciones. Estos magros resultados, que con respecto al mismo periodo de 2012 suponen un franco empeoramiento, fueron celebrados pese a todo por el ministro de Trabajo, Yanis Vrutsis, asegurando que «confirman que el desempleo está disminuyendo y el mercado laboral parece haberse estabilizado».

Pero si el sector turístico pudo haber absorbido temporalmente a un buen número de trabajadores, el gobierno y la troika se están encargando de poner en la calle a varias decenas de miles. Por lo pronto 12.500 funcionarios han sido retirados de sus puestos a finales de setiembre, para pasar a una especie de limbo laboral donde permanecerán durante 8 meses con el 70% de sus salario base, y en caso de no ser recolocados al término de ese tiempo, causar baja definitiva. Otros 12.500 pasarán por idéntica situación a finales de año, a los que habrá que añadir otros 4.000 que serán directamente despedidos. La troika pide además el cierre de tres empresas estatales deficitarias, dos del sector de defensa y una minera, que contabilizan cerca de 1.500 trabajadores. Y un número similar podrían quedar en la calle si se declara en quiebra el mayor astillero de Grecia, Skaramanga, y al que el gobierno adelantó 2.300 millones de euros por unos submarinos que aún están por aparecer.

Otra gran empresa, el gigante de la metalurgia Viohalco, cuya producción suponía el 9% del total de las exportaciones griegas, anunció hace unos días su marcha de Grecia debido a la imposibilidad de obtener financiación de un sector bancario moribundo. Y el 1 de octubre, la cadena de ropa Sprider, con cerca de un centenar de establecimientos en todo el país, decidió poner fin a 32 años de actividad dejando sin empleo a casi un millar de trabajadores.

Tampoco el pequeño comercio se libra de unas políticas neoliberales pensadas de espaldas a la economía real. Según la Confederación General de Profesionales, Artesanos y Comerciantes de Grecia, 40.000 pequeñas empresas cerrarán sus puertas durante el segundo semestre de 2013 debido al asfixiante aumento de la presión fiscal, la desaparición de cualquier apoyo financiero y la caída de sus ventas en un 75% desde que se inició la crisis. Ello podría suponer la pérdida de entre 45.000 y 130.000 empleos, no solo de los comercios que vayan a la quiebra sino también de los que, para evitarla, tengan que despedir a parte de su plantilla.

Así las cosas, el Instituto Laboral de la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), el mayor sindicato del país, aseguró el jueves que las medidas de austeridad tendrán «efectos devastadores» para la economía del país y el empleo en los próximos años. Estas políticas, combinadas con la extrema desregulación del mercado de trabajo, conducirán a un aumento constante del desempleo que podría alcanzar al 34 por ciento de la población activa en 2016.