Críticas a la ley y a los equipos de rescate tras la tragedia de Lampedusa
La tragedia de Lampedusa ha puesto en cuestión la dura legislación migratoria de Italia, en virtud de la cual los 155 supervivientes serán investigados por un delito de «inmigración ilegal», lo que conlleva su expulsión y el pago de una multa. También han aumentado las voces críticas con la labor de los equipos de rescate, a quienes acusan de no prestar el auxilio necesario a los inmigrantes, entre 4450 y 500, que viajaban en la barcaza hundida a causa de un incendio.
GARA | ROMA
En agosto de 2009, el Ejecutivo de Silvio Berlusconi, con la xenófoba Liga Norte en el Ministerio del Interior, aprobó una dura legislación migratoria que incluye el delito de «inmigración ilegal», que no conlleva penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión.
Además, esta ley obliga a los funcionarios públicos a denunciar a aquellas personas que no tengan en vigor los papeles que exige la administración italiana. Los médicos y directores de centros educativos están exentos de esa obligación.
A esta normativa se suma la llamada ley «Bossi-Fini» de 2002, que adquiere ese nombre por los ministros que la impulsaron, y que prevé el delito de «complicidad con la inmigración ilegal» para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable a quienes asisten a pateras en apuros.
Los 155 supervivientes serán investigados por la Fiscalía de Agrigento, cabecera judicial de Sicilia a la que pertenece Lampedusa, por un supuesto delito de «inmigración ilegal» y podrían enfrentarse a multas de hasta 5.000 euros.
Según el fiscal Ignazio Fonzo, la legislación complica la investigación del hundimiento de la barcaza en la que podrían haber viajado entre 450 y 500 personas provenientes en su mayoría de Eritrea, ya que los rescatados son considerados sospechosos y deben estár acompañados por abogados e intérpretes durante su interrogatorio.
«Estamos ante un fenómeno migratorio histórico, que no se resuelve agitando el miedo de la gente. Todos los remedios adoptados se han demostrado contraproducentes y fallidos, porque han alimentado un circuito de xenofobia y racismo que no hace honor a nuestro país», subrayó el ministro de Administraciones Públicas, Giampiero D´Alia. Pero el promotor de la ley de 2009, el exministro de Interior y actual presidente de la región de Lombardía, Roberto Maroni, dijo que espera que no haya modificaciones ni en ésta ni en la normativa de 2002.
La tragedia del jueves también ha puesto en cuestión la actitud de los equipos de rescate. Un diario local aseguró que dos lanchas de la Guardia de Finanzas permanecieron atracadas en el muelle de Favaloro sin ser utilizadas tras producirse el hundimiento. El propietario de uno de los pesqueros que acudió al rescate de los inmigrantes criticó la actitud de los agentes y retó a las autoridades a que le apliquen la ley.
«La gente se moría en el agua mientras ellos pensaban en hacer fotografías y vídeos. Tenían que pensar en sacar a las personas. Nosotros los hacíamos subir de cuatro en cuatro. Cuando mi barco estaba lleno de inmigrantes y pedimos a los agentes que los subieran a bordo, decían que no era posible, que tenían que respetar el protocolo», denunció Vito Fiorino.
«Espero que se responda a esta tragedia con cambios legislativos y acuerdos con los países de origen y tránsito. Con medidas represivas, esto no se resolverá nunca», advirtió la presidenta de la Cámara de los Diputados, Laura Boldrini. El alcalde de Roma anunció que los 155 supervivientes serán acogidos en la capital como «muestra de rebelión contra la resignación y la indiferencia».
Las operaciones de búsqueda de los cuerpos de los inmigrantes continuaban ayer suspendidas por la fuerte marejada provocada por vientos de fuerza 4, por lo que
las autoridades italianas se planteaban reflotar el barco. Hasta el momento, solo se han podido recuperar 111 cadáveres. Los restos de la embarcación, que partió de Misrata (Libia), se encuentran a unos 550 metros de la costa y a unos 40 metros de profundidad. «Es un horror. Decenas de cuerpos, puede que centenares, están apilados los unos sobre los otros», declaró a la prensa italiana Rocco Canell, un buzo de una escuela privada.
Una de las posibilidades para continuar con las labores de recuperación de cuerpos sería «reflotar los restos» de la barcaza, indicó a AFP Leonardo Ricci, responsable policial. «Hay una obligación jurídica y moral de recuperar todos los cuerpos. Centenares de familias esperan noticias» de sus allegados, añadió.
Cuatro barcos de pesca acudieron ayer al lugar del naufragio, donde lanzaron una corona de flores mientras hacían sonar las sirenas. Salvatore Martello, presidente del consorcio de pescadores, negó las acusaciones de que algunos pescadores no socorrieron a los náufragos.
Puede que el balance de la tragedia, el peor drama de la inmigración en Italia desde 1996 (283 muertos), no llegue a conocerse con certeza nunca. GARA
