Euskal Herria vive una situación de excepcionalidad jurídica imposible de justificar en parámetros democráticos. Lo excepcional aquí no es la virulencia del debate político, sino hechos que no tienen parangón en Europa, como la operación contra Herrira. Sin embargo, lo realmente excepcional de esta operación, lo que la diferencia respecto a otras, es la respuesta contundente que ha recibido por parte de diferentes sectores sociales. Respuesta dada por personas y responsables que no comparten necesariamente la función social y las opiniones de Herrira, por eso es plural y por eso es excepcional, porque rompe las fronteras ideológicas y morales que algunos partidos e instituciones pretenden establecer. Nunca antes un presidente del PSE había hecho un llamamiento tan claro a los gobiernos de Madrid y Gasteiz a romper con esta inercia y a «estar a la altura» como ha hecho Jesús Eguiguren. Un texto impecable desde el punto de vista moral y político que los suyos han tapado y al que el resto no ha dado la trascendencia que merece. También cabe destacar las palabras de Eduardo Madina cuestionando, como mínimo, las formas de una operación incomprensible desde más de un punto de vista. Casi nunca representantes de los tres grandes partidos vascos han llegado a un acuerdo como el del Ayuntamiento de Donostia para denunciar operaciones como esta. Nunca antes periodistas de medios unionistas habían dicho públicamente que en su relación con los detenidos habían visto una actitud sincera y comprometida con los derechos y la consecución de la paz, ajena a cualquier delito. Pocas veces periodistas de Madrid han criticado tan abiertamente desde un principio operaciones como esta. Nunca ELA-Ertzaintza había denunciado la subordinación de la Policía autonómica a la Guardia Civil y el sinsentido jurídico y policial de una operación como esta.

Algunos han acusado al PNV de intentar jugar a la equidistancia tras esta operación por hacer referencia a ETA en todo momento y por intentar equiparar estas detenciones a un texto de la organización revolucionaria vasca. Nada más lejos de la realidad. No son equidistantes, si no, hubieran acudido a la manifestación de ayer. El PNV ha acudido a manifestaciones en las que se ha acusado a sus líderes de asesinos y «etarras», en las que se les ha insultado y en las que se les ha intentado agredir. Ha acudido a la manifestación del 12 de marzo de 2004 bajo una delirante pancarta que rezaba «Con las víctimas, con la Constitución y contra el terrorismo», pese a ser evidente que los atentados del 11M no tenían como objetivo socavar la Constitución española. En realidad, si se asumen los parámetros en los que suele argumentar el PNV sobre estas cuestiones, presentándose como epicentro de una moralidad que ha combatido siempre las violaciones de derechos por parte de unos y de otros, se puede inferir que al negarse a apoyar la manifestación de ayer los jeltzales han cedido esa supuesta centralizad ética a, por ejemplo, Eusko Alkartasuna. Un partido cuya sede ha sido asaltada ilegalmente por la Guardia Civilen el marco de esta operación, otra cuestión realmente grave que ha quedado fuera del foco de algunos. Todo ello una semana después de que el propio PNV pidiera en Madrid un repliegue de las FSE. Otro ejemplo de bilateralidad.

Iñigo Urkullu, tras criticar la operación contra Herrira en sede parlamentaria, consideraba que en todo caso es a EH Bildu a quien le corresponde asumir «las obligaciones y las decisiones» para consolidar la paz. Se equivoca, y es grave que lo haga. Una cosa es que él renuncie a liderar ese camino hacia la paz, y otra cosa distinta es que no asuma su función institucional. Iñigo Urkullu, al igual que Yolanda Barcina, es el presidente de unos territorios en los que sus ciudadanos pueden ser detenidos sin justificación legal, trasladados a la fuerza a Madrid, imputados sin una sola prueba de cargo y bajo acusaciones puramente políticas. Es el presidente de un lugar donde la libertad de reunión, de expresión, de pensamiento y de práctica política están amenazadas por el Gobierno central, con la judicatura y las Fuerzas de Seguridad del Estado como arietes. La gente puede compartir o no la visión de Herrira sobre los presos, la resolución del conflicto o la paz, pero no debería aceptar que esa visión se persiga, se constriña, se niegue, se prohíba. Pero es que, además, Iñigo Urkullu no puede actuar como si fuese uno más. Puede permitirse no ser un líder, pero no puede permitirse ser un irresponsable.

Unos tienen derechos y otros no

En todo caso, más allá del debate parlamentario o político, no es a los partidos a los que hay que interpelar en este momento, sino a la sociedad. Las condiciones para ello son óptimas. Esta operación ha puesto sobre la mesa que hay dos fuerzas en liza, dos posiciones antagónicas: quienes quieren pensar, hablar y llegar a acuerdos sobre el futuro basándose en la garantía de todos los derechos para todas las personas y quienes buscan una involución. También los hay que desearían quedarse como están, pero está claro que rezar a la virgencita, tapar lo malo y publicitar lo bueno no es una ya opción realista. Lo excepcional de este país es que unos tienen derechos y otros no, que a unos se les aplica el Derecho de una manera y a otros de otra. Y que el Estado español ha perdido toda vergüenza. La semana en la que la OSCE le mete en una lista negra por no dejarse monitorizar en materia de derechos realiza una operación política como un movimiento en favor de los Derechos Humanos y la paz y al día siguiente amnistía al general Rodríguez Galindo. Esto lo ve todo el mundo, son hechos, no opiniones.