Casi una semana después de la tragedia de Lampedusa, en la que más de 200 personas que salieron de la costa libia en dirección a la «Fortaleza Europa» murieron tras convertirse el Mediterráneo en la tumba de sus sueños, la Comisión Europea se reunió ayer. Bruselas instó a organizar una «gran operación de seguridad y rescate» que sería llevada a cabo por Frontex -agencia europea encargada de prestar apoyo logístico en el control y la gestión de sus fronteras externas- ,y para ello se pedirá «apoyo político y económico». Un buen titular de prensa, otra declaración de buenas intenciones, pero pocos pasos concretos para evitar que la tragedia se repita.

Mientras miles de inmigrantes empujados por la pobreza y las guerras buscan llegar a Europa y se ahogan en el Mediterráneo, miles de inmigrantes ricos consiguen el permiso de residencia si pagan el precio que piden los estados. Si invierten en propiedades por valor de medio millón de euros, se les concede los papeles. En el Estado español, en Portugal, en Grecia... este modelo socava las leyes europeas de asilo e inmigración. Hacer negocio con la inmigración es una práctica moralmente reprobable.