La denuncia del proceso 35/02 ha unido a decenas de profesionales en un manifiesto que se presentó en julio. A una semana del arranque del juicio en Madrid, ayer en Bilbo cuatro de ellos se sentaron en la misma mesa para diseccionarlo desde el punto de vista jurídico. El mosaico de opiniones resultó tan contundente como significativo por quienes las vertieron.

Destacaba por ejemplo la presencia de la magistrada Nekane San Miguel, que detalló tres cosas que «me llaman la atención». Una es la dilación de este sumario, iniciado en 2002, y más aún cuando el escrito inicial es prácticamente lo mismo que llega ahora a juicio: «¿Qué se ha hecho en estos once años? ¿Qué tipo de pruebas se han aportado?», se preguntó.

Sorprendida se siente, en paralelo, por estas «pruebas»: «Igual estoy equivocada, pero todo lo que he leído son informes policiales relativos a hechos ya juzgados», indicó San Miguel. «Antes había que probar el atestado policial, pero ahora parece que el propio atestado es prueba», se quejó.

Su tercera preocupación viene por el escrito de acusación, «un totum revolutum». Y más aún por la utilización expansiva del concepto de «terrorismo». En este punto, amplió el foco para expresar su alarma porque «el delito de terrorismo no tiene definición en el Código Penal español. La ley tiene que ser precisa, lex certa. Si no, nadie puede protegerse frente a la arbitrariedad. Aquí es muy difícil para cualquiera saber qué conductas son delito y cuáles no».

No fue la única que puso el acento en esta cuestión. También para el ex responsable de Derechos Humanos de Lakua Jon Mirena Landa esa es una clave del problema. Añadió que todo empeoró con la Ley de Partidos, «que acumuló criterios a la ley penal». Así, explicó que las periciales incluidas en este proceso «van en la línea de la Ley de Partidos», de modo que se lanzan imputaciones de relación con ETA por haber pertenecido a organizaciones ilegalizadas. Landa apoyó toda su intervención en el informe del relator de la ONU Martin Scheinin en 2008, en el que alertó ya de que el Estado español estaba en «una pendiente resbaladiza» y había quebrado el principio de legalidad.

La letra, sobre la lógica

Ramon Zallo abrió la mesa con un diagnóstico que añadió otro elemento: la denuncia de un derecho que va «por detrás de la realidad social». Recordó que 2002, cuando se abrió este sumario, «era un tiempo negro: economía de burbujas, el Aznar más duro, ETA mataba, procesos de ilegalización y Garzón con su `todo es ETA', el elixir que pacificaría Euskal Herria». Ahora advierte una situación absolutamente inversa, pero la ley sigue sin adaptarse, de modo que «chocan el formalista `imperio de la ley' del aparato del Estado encastillado y soberbio con el imperio del sentido común y del servicio a la ciudadanía».

Nadie anticipó un pronóstico sobre cómo acabará este macrojuicio, pero Zallo sí se detuvo en cuáles cree que son sus objetivos. Dos: «Poner a la defensiva a la izquierda abertzale» y «entretener y despistar a la opinión pública española».

En una intervención más técnica, Joxerra Bengoetxea hizo hincapié en la politización de la Justicia, pero matizando que esto también ocurre porque «hay una vocación de la Justicia de ser instrumentalizada» y más en concreto de la Audiencia Nacional. Habló de «atropello» y reivindicó las garantías del derecho penal clásico.