«Las deudas ilegales o ilegítimas de los gobiernos no se deben pagar. En el resto de casos hay que analizar su renegociación, conforme a la prioridad de los recursos existentes», así se expresó Mikel Noval, de la Ejecutiva de ELA, que junto al Comité Nacional del sindicato, se concentró ante la sede central del Banco Santander en Bilbo. En todo el mundo se celebró una jornada en contra de la deuda ilegítima y para cambiar de rumbo.

Noval, responsable del Área Social, también remarcó que «la situación es insostenible y debemos y podemos cambiarla. La auditoria ciudadana de la deuda y el impago de la parte ilegítima supone confrontar radicalmente el modelo neoliberal actual».

Para ELA, el aumento del gasto destinado al pago de deuda pública ha tenido graves consecuencias sobre el gasto social, que se ha reducido en un gran número de países y ha generado una mayor pobreza. Es por ello que Noval remarcó que «las deudas ilegales o ilegítimas de los gobiernos, no se deben pagar, y en el resto de casos hay que analizar su renegociación, conforme a la prioridad de los recursos existentes».

El responsable de Política Social en la central sindical precisó que se debe realizar «una auditoria ciudadana de la deuda y el impago de la parte ilegítima». Esa actuación supondría «confrontar radicalmente con el modelo neoliberal actual». Para ELA las preguntas claves sobre la legitimidad de la deuda son «¿por qué se ha generado? y ¿qué responsabilidad tiene la parte acreedora, los poderes públicos, los poderes financieros o los medios dominantes?».

En este caso, recordó la burbuja inmobiliaria generada por dar créditos para «incrementar el negocio bancario». Pero cuando esa burbuja estalló «traspasaron la deuda privada al sector público, como por ejemplo que el Gobierno español abonará este año 38.000 millones a la banca de intereses. Ese negocio -terminó Noval- ha supuesto una trampa para la mayoría de la sociedad». ELA explicó la deuda debe ser «un instrumento de financiación de intereses colectivos y no un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia el sector financiero privado».

La deuda pública del Estado español al cierre del primer semestre llegó a los 947.184 millones y en 2014 rebasará el 100% del PIB. La deuda privada asciende ya a 1,89 billones.