El empresario Jabyer Fernández negó que causara deliberadamente la quiebra de Iurbenor y que defraudara a Hacienda 43 millones de euros ya que, según dijo, solo trató de sacar adelante su grupo empresarial, mientras la Diputación de Bizkaia «se ha cebado para reventarlo» por una «motivación política».

Así lo explicó en declaraciones a los medios de comunicación, después de que el juicio contra él y contra su hermana Susana en la Audiencia de Bizkaia, quedara visto para sentencia. Las defensas pidieron la libre absolución de sus patrocinados tras insistir en la anulación de dos informes elaborados por la Unidad de Auditoría Informática de Hacienda y desacreditar otro informe pericial elaborado por los administradores concursales de la promotora, que son la base de la prueba para acreditar los delitos de fraude fiscal y de insolvencia punible, que se les imputan.

Fernández recordó que pidió ayuda al entonces presidente del PNV y actual lehendakari, Iñigo Urkullu, así como a otros dirigentes de ese partido -citó a Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea- y representantes institucionales -en referencia al diputado general, José Luis Bilbao- «para salvar sus más de 100 sociedades, que daban trabajo a más de 3.000 personas» y que confió en que por su relación personal le dieran un aplazamiento del pago a Hacienda.

En concreto, Fernández presentó como evidencia de que confiaba en lograr más tiempo para pagar el IVA, una carta en la que Urkullu le aseguraba que se lo iba a poder conceder.

El fiscal confirma la petición

Por su parte, el fiscal mantuvo que los actos de ambos acusados desde la venta de los terrenos del fallido proyecto de Puerta Bizkaia de Barakaldo, estuvieron encaminados a vaciar las cuentas de Iurbenor y eso le lleva a entrar en concurso de acreedores. El Ministerio fiscal concluyó afirmando que con sus maniobras, Jabyer como acusado principal y Susana como cooperadora, agravaron la situación de insolvencia de Iurbenor.

Entretanto, el letrado de la Diputación mantuvo que Fernández no pagó los 43 millones del IVA que debía a Hacienda «porque no quiso» y la petición de un aplazamiento para el pago era solo una maniobra para eludir esa obligación.