El dictamen elaborado por una comisión del Gobierno de Lakua y Eudel para la retirada de simbolos fascistas de lugares públicos reposa desde el final de la anterior legislatura en algún cajón, al parecer de difícil acceso. Quizá la causa sea simplemente que el actual Ejecutivo piensa que hay asuntos más urgentes de abordar que la retirada de símbolos franquistas, al igual que el ministro de Interior español estima que hay violaciones de derechos humanos que merecen más atención que la doctrina 197/2006 -cuando una grave violación de derechos humanos desatendida no justifica la desatención de otra por parte de los tribunales y otras instituciones-. Si así fuera, y aun coincidiendo en que, efectivamente, hay cuestiones más urgentes de solucionar que la retirada de los símbolos franquistas, esa desidia parece excesiva, teniendo en cuenta que el régimen franquista concluyó, al menos oficialmente, hace casi cuatro décadas. Una negligencia que resulta aun más intolerable en contraste con el celo que ese Gobierno viene demostrando a la hora de retirar fotografías de presos vascos, pancartas y otras manifestaciones solidarias, aun cuando no constituyan delito alguno.