«La única sentencia ajustada al sentido común es la absolución. Porque aquí no hay 40 terroristas. Aquí hay 40 jóvenes independentistas que han luchado por su país». Las palabras de Ion Telleria, pronunciadas mientras la presidenta de la sala, Manuela Fernández de Prado, trataba de hacerle callar, son el resumen del mensaje lanzado ayer por los imputados en el juicio contra el movimiento juvenil independentista que comenzó ayer en la Audiencia Nacional. La primera sesión vino caracterizada por el rechazo al cargo de «integración en organización terrorista» que les imputan Fiscalía y acusación particular, los relatos sobre las torturas padecidas durante la incomunicación y la constatación del impulso político del proceso. Tras diez declaraciones, el macrojuicio se reanuda hoy con más testimonios de los jóvenes acusados.

«Nos encontramos ante un anacronismo político. Mientras se intentan abrir nuevos momentos, el Estado y el Gobierno del PP avanzan en la dirección contraria», afirmó Mikel Totorika poco antes de atravesar las puertas de la sede que el tribunal de excepción tiene en San Fernando de Henares. Junto a él, otros 35 acusados (los otros cuatro que completan la lista, Irati Mujika, Idoia Iragorri, Unai Ruiz y Goizane Pinedo, no se presentaron) ataviados con camisetas naranjas con el lema: «Libre: konpromezutik, konponbidera». Todos ellos reiteraron su compromiso con «seguir construyendo la paz», al tiempo que denunciaban que Madrid aplique «recetas del pasado».

La defensa de un nuevo escenario llegó desde el minuto uno del juicio. Con los imputados ya en el banquillo, ocupando prácticamente la mitad de la sala (y con cuatro sillas vacías entre ellos), se dio apertura a la audiencia pública. En el momento en el que prensa, familiares y amigos accedían a la sala, los jóvenes comenzaron a inflar globos naranjas, color que simboliza el herri harresi, al tiempo que reivindicaban la libertad de Luis Goñi y exigían el fin de los juicios políticos.

«No...», se escuchó a uno de los magistrados cuando los jóvenes iniciaron la protesta. Tras unos segundos, Fernández Prado ordenó desalojar. «Les llamo la atención. Si hay otro incidente, el protagonista será expulsado y el juicio seguirá sin su presencia», advirtió la togada, que hasta en cuatro ocasiones cortó la declaración de alguno de los jóvenes cuando estos hacían hincapié en el carácter político del macroprocedimiento.

Desde que Ainara Bakedano tomó la palabra, poco antes de las 11.00, hasta que Eihar Egaña ponía punto y final a la sesión, alrededor de las 15.00 horas, tomaron la palabra diez de los acusados. Ninguno respondió a las preguntas del fiscal, Luis Barroso, ni de la acusación particular, ejercida por el colectivo ultra Dignidad y Justicia. Así que ambos se limitaron a leer sus preguntas. Unos interrogatorios centrados en indagar sobre la participación en reuniones, concentraciones o ruedas de prensa de colectivos como Gaztesarea o asambleas juveniles. Grupos que, al contrario de lo que ocurrió con Segi en 2007, ni siquiera han sido ilegalizados.

A esto se le añade que esta organización se autodisolvió en 2011, tal y como recordaron varios de los jóvenes. Pese a ello, el totum revolutum construido por la acusación obligó a que, dependiendo del acusado, fuese necesario hacer un repaso por diversos colectivos que forman el movimiento juvenil vasco. Así, la Gazte Asanblada de Barañain, los piratas de Donostia o la comisión de fiestas de Amara aparecían como prueba en un procedimiento por supuesta «integración en organización terrorista».

«Estoy aquí por mi militancia política», respondió Bakedano, a preguntas de su abogada, Amaia Izko. Una línea que reiteraron otros de los imputados, como Jon Anda Velez. «Soy militante de la izquierda abertzale y seguiré siéndolo», declaró. «No se juzga nuestra militancia o no en Segi, sino nuestra actividad política», resumió Telleria. También se puso en cuestión la actitud del Estado ante el ciclo abierto tras el cese de ETA. Como planteó Gaizka Likona, Madrid está «empecinado, atascado en el conflicto, en la guerra, en vez de aprovechar el momento histórico».

Relatos de tortura

Las declaraciones obtenidas durante la incomunicación y el relato de las torturas sufridas por varios de los jóvenes constituyeron uno de los momentos con mayor carga emotiva en la sala. Seis de los diez declarantes se refirieron a los malos tratos. Es el caso de Ainara Bakedano, arrestada por la Guardia Civil cuando intentaba presentarse ante la Audiencia Nacional y después de que el fiscal rechazase recibirle. Como con la joven navarra, se sucedieron desgarradoras declaraciones, como la de Olatz Rodriguez, que denunció haber sido obligada a desnudarse y sufrir amenazas de violación. No fue la única que relató vejaciones sexuales o torturas como «la bolsa» para obligarles a firmar una declaración.

Los 26 jóvenes que todavía faltan por declarar proseguirán hoy. No parece que todos puedan concluir, por lo que sus testimonios se alargarían hasta mañana. Dos jornadas tras las que, como resumía la abogada Amaia Izko, seguirá un procedimiento basado en «actividad política pura y dura».