El juicio contra 25 donostiarras acusados de «delito electoral», por denunciar la ilegalización de formaciones de la izquierda abertzale en 2009, concluyó con la retirada de ese cargo y la petición de «multas leves» para cuatro de los acusados por parte del fiscal, quien había intentado trasladar el proceso a la Audiencia Nacional. ¿La presión y la incertidumbre a las que esas 25 personas han estado sometidas hasta ayer no merecen ni una multa leve?