La Corte Constitucional colombiana mantuvo la inhabilitación y destitución durante 18 años que la Procuraduría ordenó en 2010 contra la exsenadora Piedad Córdoba bajo el argumento de que se extralimitó en sus funciones cuando el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe le autorizó para mediar con las FARC la entrega de varias personas que la guerrilla mantenía en su poder. Con siete votos frente a dos, el tribunal rechazó la tutela que había interpuesto para pedir la anulación de la decisión de la Procuraduría. Córdoba anunció que acudirá a los sistemas internacionales de Derechos Humanos. «No estoy muerta políticamente, sueño con un país mejor y lucharé por construirlo, esa es la manera más hermosa de hacer política», reaccionó a través de twitter.