procesos políticos en Euskal Herria
La sesión revela los contradictorios impulsos políticos del macrojuicio
La segunda sesión del juicio contra Batasuna evidenció los contradictorios impulsos políticos de un macrojuicio que tiene su origen en una instrucción iniciada hace once años. Por ejemplo, poniendo de manifiestos los diferentes autos dictados por Garzón en los que permitía la actividad de la izquierda abertzale dependiendo del contexto. También, la diferenciación respecto a ETA realizada por el propio Gobierno.
Alberto PRADILLA | MADRID
La persecución de la actividad pública de la izquierda abertzale ha pasado por diferentes fases a lo largo de la última década. Unos momentos en los que decisiones contradictorias por parte de diferentes poderes del Estado han evidenciado el impulso político que las motivaba. Esta la principal conclusión que se extrae de lo escuchado ayer en la segunda jornada del macrojuicio contra HB, EH y Batasuna que se desarrolla en la Audiencia Nacional española. Tras la jornada del jueves, en la que se dirimieron las cuestiones previas, ayer tocaba comenzar con las declaraciones. En total fueron cuatro: Idoia Arbelaitz, Bixente Enekotegi, Jon Gorrotxategi y Rufi Etxeberria. Todos ellos, que únicamente respondieron a preguntas de su defensa, coincidieron en negar ser miembros de ETA o haber recibido directrices desde la organización armada. A partir de ahí, cada uno se centró en detallar su actividad política en las diferentes plataformas abertzales salvo en el caso del segundo, que fue interrogado acerca de su labor en la empresa Eneko SA, de distribución de productos de hostelería. La tercera sesión comenzará el lunes a las 10.00 horas en la misma sede del tribunal especial en San Fernando de Henares con el testimonio de Enrike Alaña.
«Nosotros siempre hemos funcionado por criterios propios. Hemos formado parte de una dirección política que ha debatido y decidido en todo momento», remarcó Etxeberria. La última parte de su declaración, centrada en la fase caracterizada por las ilegalizaciones, fue la que permitió visualizar con mayor claridad los diferentes movimientos del Gobierno español, dependiendo del contexto. Así, recordó que pese a la suspensión de actividades decretada por Baltasar Garzón en 2002 -en una operación en la que fue arrestado y encarcelado- y la ilegalización acordada por la sala 61 del Tribunal Supremo español, «los militantes de la izquierda abertzale realizamos nuestro trabajo político público». En este sentido, llama la atención las contradictorias decisiones adoptadas por la Justicia dentro de esta misma causa.
En 2006, coincidiendo con el proceso de diálogo abierto entre ETA y el Gobierno español (avalado por una resolución del Congreso en mayo de 2005), fue el propio magistrado-estrella, el mismo que abrió la teoría del «todo es ETA», quien emitía diversos autos avalando la actividad política de la izquierda abertzale. En este ámbito, Etxeberria puso como ejemplo la conferencia celebrada en verano de 2006 en el foro Tribuna de Barcelona, en la que participó Arnaldo Otegi. En un primer momento, el juez Fernando Grande-Marlaska dictó un auto por el que vetaba la presencia del portavoz abertzale. Posteriormente, fue enmendado por Garzón, quien recuperó el juzgado de instrucción número 5 tras una excedencia para estudiar en Nueva York. De este modo, contradiciendo a su sustituto e incluso las teorías que él mismo impulsaba, Garzón terminó avalando la conferencia.
Comisión negociadora
Sobre esta época, Etxeberria también hizo mención a la comisión negociadora de la izquierda abertzale, de la que formó parte junto a, entre otros, Arnaldo Otegi y Olatz Dañobeitia. «No hubo ninguna orden judicial que prohibiese nuestra actividad», indicó para, posteriormente, entrar a detallar los «tres hitos» que, a su juicio, marcaron esta iniciativa. El primero, la reunión celebrada en julio de 2006 entre esta comisión y el PSE -representado por Patxi López y Rodolfo Ares y que obligó a estos dos últimos a declarar ante el TSJPV-. El segundo, las conversaciones de Loiola, desarrolladas a tres bandas entre la izquierda abertzale, el PNV y el PSE. Finalmente, la «cumbre» de mayo de 2007 en Suiza, en la que participaron cuatro delegaciones: Gobierno español, ETA, PSE e izquierda abertzale.
Se da la paradoja de que los jueces acusan a los miembros de Batasuna de ser también parte de la organización armada, pero el propio Ejecutivo de Rodríguez Zapatero establecía nítidamente la diferencia entre ambos al llevar a cabo conversa- ciones. Una posición que no es exclusiva del último proceso de diálogo. En 1998, enviados del entonces presidente español, José María Aznar, se encontraron con representantes de HB en Burgos. Meses después, en Zurich, harían lo propio con miembros de ETA. Esta motivación política volverá a ponerse de manifiesto en la tercera sesión del juicio, que comienza el lunes a las 10.00 horas.
«Es más fluido si nos podemos entender todos en castellano», argumentaba el juez Hurtado ante las dificultades de Idoia Arbelaitz para expresarse en esta lengua. Finalmente así lo hizo, aunque con el apoyo de la traductora y de sus compañeros. «Este es el idioma que utilizo», defendió.
Tal y como solicitaron las defensas durante la sesión del jueves, seis de los acusados no tendrán que acudir diariamente a las sesiones, sino que se limitarán a desplazarse a Madrid el día en el que les corresponda declarar y la jornada final, donde tienen derecho a una última palabra. Así lo anunció ayer el juez Ángel Hurtado, presidente de la sala. De este modo, Jasone Manterola y Esther Agirre, por causas personales, y José Luis Franco, Bixente Enekotegi, Juan Karlos Rodríguez y Andrés Larrea (por enfermedad, tras ser examinados por la forense), estarán exentos. Ahora, los magistrados tienen hasta el lunes para decidir sobre la prescripción de la causa solicitada por los letrados para José Antonio Egido y Josu Iraeta. A. P.
La primera jornada de declaraciones, en la que tomaron la palabra cuatro de los 36 imputados, evidenció las líneas maestras de lo que se podrá escuchar en la sala a partir del lunes. Las preguntas de la defensa, centradas en la actividad política, que es la base de la acusación, llevaron a explicaciones sobre cursillos de café o pintxos, organización interna de un partido político, el origen de las herriko taberna o los planes empresariales de Eneko SA, una distribuidora de productos de hostelería que también se encuentra incluida en el sumario 35/02. Idoia Arbelaitz fue la primera en tomar la palabra. Relató que fue concejala de HB en Orereta, profesora de ikastola y que Batasuna la contrató en 2001 para desarrollar labores relacionadas con los ámbitos económico y cultural. «Tenía una nómina, un contrato, estaba dada de alta en la Seguridad Social, era completamente legal», insistió. Negó haber sido coordinadora de las herriko taberna, aunque sí señaló que desarrolló diversas labores en la coordinadora Eustatza, que ofrecía servicios para hosteleros como «cursos para hacer mejor café» o de pintxos. Un trabajo que le llevó a tener buena relación con estos locales culturales. Pese a todo, indicó que, por ejemplo, apenas 8 herrikos llegaron a apuntarse en esta entidad, de adscripción voluntaria.
El siguiente en declarar fue Bixente Enekotegi, administrador de la empresa Eneko SA, que se encuentra dentro de la causa ya que Baltasar Garzón lo ubicó como una de las bases de esa supuesta financiación de ETA a través de las herriko taberna. Para entender los contenidos que aparecen en este sumario, su declaración se basó en explicar los orígenes de la empresa, sus servicios (vendiendo productos de hostelería tanto a locales culturales como a otro tipo de establecimientos) e incluso los intentos infructuosos de expandirse en lugares como Cuba o Brasil. Según relató Enekotegi, que como el resto de sus compañeros negó haber seguido instrucciones de ETA, la operación desarrollada por Garzón en 2002 y que abrió el sumario terminó por finiquitar la sociedad.
También declaró Jon Gorrotxategi, cuyo testimonio se centró en detallar su actividad en la izquierda abertzale, que comenzó como concejal de HB en Beasain, su municipio, en 1988. Desde entonces, según planteó a preguntas de su abogado, Iñigo Iruin, desarrolló diversas labores hasta acceder a la Mesa Nacional una década después, donde terminó como tesorero hasta 2002. En ese momento, tanto HB como Batasuna eran organizaciones legales. También fue interrogado acerca de las herriko taberna. A ese respecto, fue muy claro: «No financiaban ni a HB, ni a EH ni a Batasuna», que es la tesis que, con diversas contradicciones, ha sostenido la acusación. En este sentido, rechazó haber formado parte de una supuesta «comisión de herrikos» de la que incluso negó su existencia. También Rufi Etxeberria, que tuvo que recordar que estas sociedades se construyeron «de abajo hacia arriba» por iniciativa propia aunque «no eran sedes sociales» A.P.
«Vendía productos a herrikos, batzokis, casas del pueblo y hasta a la Guardia Civil», argumentó Enekotegi. «Si era empresario vendería a la Policía, a la Guardia Civil o a quien fuese», respondió el juez ante algunas risas en la sala.
