Dos años han tenido que pasar desde el fin de la lucha armada, y quince meses desde el primer varapalo europeo a la doctrina 197/2006, para llegar a un día que podría marcar un punto de inflexión en la política carcelaria. La cita no es ni en Euskal Herria ni en Madrid, sino en Estrasburgo, sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se espera con justificada ansiedad en este país y con evidente preocupación en Madrid.

Las posiciones están claras. La mayoría social vasca se ha decantado nítidamente contra esta práctica excepcional que en la actualidad retiene en prisión a 54 vascos, en algún caso con siete años ya de prórroga. Pero en Madrid siguen sosteniendo la doctrina a toda costa: el Gobierno del PP reitera que la considera justa y sus tribunales continúan aplicándola en la mayoría de los casos posibles.

En los últimos días, el Estado ha movido algunas fichas, sin que ello dé pistas seguras sobre el resultado de la deliberación de Estrasburgo, cuyo sentido afirma no conocer. Los mensajes lanzados en estas semanas recientes apuntan a un intento de preparar a la opinión pública para un resultado negativo, pero la sentencia será más compleja que un sí o un no. El Gobierno ha filtrado en las últimas horas que espera al menos un fallo lo suficientemente ambigua como para seguir obstaculizando o impidiendo incluso las excarcelaciones de presos.

Ruiz Gallardón señala al juez

En otro movimiento que puede resultar premonitorio, el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, cargaba ayer indisimuladamente contra Luis López Guerra, el único juez español en esta Gran Sala. Es sabido que en la sentencia inicial de julio de 2012 sobre el caso de Inés del Río, López Guerra votó en favor del recurso de la presa de Tafalla y en contra de la posición del Estado, por tanto. Se desconoce si ahora ha mantenido la misma tesis, pero por si acaso ya es señalado directamente por el ministro desde ``La Razón'': «Hay un magistrado español en el Tribunal de Derechos Humanos y es a él a quien le tiene que haber correspondido trasladar al tribunal la consciencia de lo que se juega España con esta sentencia», dice.

El argumento de Ruiz Gallardón resulta falso en la medida en que los jueces no representan a sus estados en ese tribunal, por lo que su afirmación parece esconder un interés de ir descargando responsabilidades ante un eventual fallo contrario de la Gran Sala.

La sentencia será nítida sobre el caso de Del Río, pero si fuera imprecisa respecto a la doctrina en conjunto, eso demoraría y complicaría el debate sobre su interpretación. En cualquier caso, el Gobierno del PP parece interesado en dejar las cosas claras desde el primer momento. Así, además de una rueda de prensa ya a las 13.00, con Ruiz Gallardón junto al ministro de Interior, ha convocado a las presidentas de la AVT y la FVT a una reunión por la tarde.

La AVT se dirigió ayer al Gobierno para reclamarle que no acate la sentencia si es contraria. Una de sus abogadas ya alega que en el Estado español no hay una vía para aplicar las sentencias europeas, por lo que anima a incumplirlas. Su presidenta, Ángeles Pedraza, se declara segura de que «esto no abrirá las puertas de las cárceles».

Lo que sí ha adelantado el Gobierno es que la gestión de este asunto quedará en manos de instancias jurídicas y que en caso de que la doctrina se anulara serían jueces españoles los que tomaran las decisiones finales sobre excarcelaciones. Con ese fin, la Audiencia Nacional ya ha convocado una reunión de coordinación este próximo viernes, que tendrá como objetivo unificar los criterios internos.