Estamos viendo numerosos casos de trabajadores en huelga por problemas de la negociación colectiva y, sobre todo, porque las empresas deciden llevar adelante despidos. Tenemos un amplio abanico de casos, pero me gustaría mencionar tres, aunque sé que son muchos más y no quiere decir que queden en mi olvido, no.

El primero es el de los trabajadores de Incoesa en Bedia. La empresa ha recibido más de dos millones de euros en ayudas oficiales, los trabajadores con su esfuerzo han puesto a la empresa en primera línea y, cuando creían que todo marchaba bien, la decide la deslocalización. Los trabajadores defienden sus puestos y piden con acierto a las administraciones públicas que presionen para evitar esa marcha, aunque vemos que no llega ese apoyo a los trabajadores.

El segundo caso es el de Fagor. Casi 2.000 trabajadores con la soga al cuello. ¿Por qué? El cooperativismo que ha instaurado Mondragón Corporación en todo su grupo parece que tiene poco de su origen y mucho de neoliberalismo cooperativista. Al final, ¿serán los de siempre los que paguen los errores de los dirigentes de las empresas? Espero que no y, por lo tanto, sirva para garantizar un modelo de economía social que aprovechándose del aire neoliberal ha querido sumarse al carro del gigantismo empresarial.

En tercer caso, un despido de un delegado sindical de LAB en Ambulancias Bizkaia, que participó en una huelga de hambre por el despido de otro compañero, que fue readmitido, después de 14 días de ayuno. ¿Qué clase de empresarios tenemos? Se qué todos no son iguales, pero creo que deberían de ir saliendo a la primera plana, si los hay, para responder a estas maneras de represión en las empresas.

Sin embargo, me preocupa que el propio Gobierno de Gasteiz mantenga su propósito de incumplir, de nuevo, la legislación de las 35 horas. Fue un acuerdo parlamentario que respaldó el acuerdo entre gobernantes y sindicatos. Fue una decisión importante, porque abrió una senda para avanzar hacia esa decisión de trabajar menos, para emplear a más. Pero los empresarios nunca aceptaron ese acuerdo. El Gobierno de Urkullu cede ante el poder empresarial, de nuevo: recorte tras recorte, despido tras despido.