El proyecto de la nueva estación de autobuses de Bilbo es un proyecto estratégico del Gobierno municipal para este mandato. En el pleno ordinario del jueves, se elevará a aprobación definitiva la modificación urbanística que permitirá, a juicio del equipo de Iñaki Azkuna, acometer la construcción de la infraestructura en el subsuelo del solar que ahora ocupa Termibus y en superficie levantar un hotel y habilitar un pequeño espacio público en la zona restante.

Detrás de ese plan se esconde una nueva triquiñuela del Gobierno Azkuna para esquivar la aplicación de la Ley del Suelo. Sorprende por que el propio alcalde dijo en su reaparición pública en el pasado pleno de setiembre que «el urbanismo se está transformando en una vergüenza en España y Euskadi».

En 2007, en el marco de la operación de Garellano, el Consistorio delimitó una edificabilidad sobre rasante de 2,28 m2t/m2s, por debajo del límite del artículo 77 de la Ley del Suelo. Ese porcentaje de aprovechamiento urbanístico fue posible porque en la actuación se incluyó la parcela de Termibus, que computa como suelo pero no tiene edificabilidad lucrativa.

Una vez culminada la gestión urbanística de Garellano, en 2013, el Ayuntamiento reordenó la parcela de Termibus y permitió construir sobre rasante por «actuación de dotación». Esa figura no está sometida a control por la Ley del Suelo, aunque ahora la edificabilidad global de la intervención en ese área es de 2,8 m2t/m2s.

Se trata de una interpretación del artículo 77 de esa ley, a la que se ha acogido la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (Cotpv), dependiente del Ejecutivo de Lakua, para no dictaminar sobre un incremento de la edificabilidad que debiera haber pasado ese filtro.

Paso calculado

«Extraña que el alcalde diga que el urbanismo se ha convertido en una vergüenza si después el ayuntamiento que preside él mismo se dedica a maniobrar para evitar la aplicación de la ley que requiere del aval expreso del Gobierno Vasco, ocultando una densidad de 2,8 m2t/m2s», explica un experto en gestión urbanística. Incide este técnico que ese dictamen no ha llegado porque el Consistorio «ha querido evitarlo».

«Todos los expedientes de modificaciones del Plan General, en lo que se refiere a cambios de ordenación estructural, tienen que pasar por la Cotpv lo exige la ley para asegurarse la acomodación de lo ordenado por el Ayuntamiento a los planes y a las directrices de ordenación territorial, que son vinculantes para los planes generales», añaden.

En el caso de Termibus, la Cotpv solo ha analizado la modificación urbanística en cuando a su acomodación a la ordenación del territorio, ocultando que también debiera haber dictaminado sobre el nivel de edificabilidad que supera el 2,3, llegando al 2,8 m2t/m2s.