El objetivo de la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) era «reclamar justicia». Sin embargo, la justicia que exige dicha asociación es paradójica, ya que postula el derecho a dejar en suspensión el Derecho. Su oposición abierta contra la sentencia del TEDH, que invalida la «doctrina Parot» y el alargamiento arbitrario de las penas de prisión, incluye un llamamiento a la no ejecución de la misma.

El lema escogido: «Justicia para un final con vencedores y vencidos» no deja lugar a dudas. Su justicia está por encima del principio de legalidad, que afirma que no hay pena sin ley (nulla poena, sine lege). No es una justicia restauradora; es una justicia que busca implantar un estado de excepción en el que resulta legítimo vulnerar derechos fundamentales.

El final con vencedores y vencidos que reivindica la AVT consagra la máxima de que el fin justifica los medios. El fin es la derrota, los medios justificables serían todos aquellos que persiguen la neutralizacion selectiva de los presos y presas, dilatando en lo posible su liberación. Esto supone la negación de cualquier perspectiva de libertad.

Avanza el populismo penal que transmite la idea de cierta impunidad, complaciente con los deseos de revancha de las víctimas. Ese populismo denuncia y presiona a unas instituciones incapaces de responder satisfactoriamente a la demanda de las víctimas.

El populismo penal impregna el discurso de las élites ultraconservadoras del PP lideradas por los ministros de Justicia e Interior, que amenazan con transgredir el principio de legalidad mediante el recurso a la ingeniería jurídica.