La sesión del macrojuicio político contra Batasuna en la que tenían que declarar los administradores de las herriko tabernak tuvo ayer un giro inesperado. La Fiscalía, representada por Marcelo Azcárraga y Vicente González Mota, trató de dar un paso más y, en lugar de seguir el trámite y preguntar a los 110 representantes sobre su conformidad o no con la demanda de comiso de bienes, trató de formular un amplio interrogatorio a cada uno de ellos. Una maniobra a la que se opusieron las defensas pero que tuvo el visto bueno del tribunal. Finalmente, ante la insistencia del Ministerio Público, los letrados recomendaron a sus clientes que no tomasen parte en la sesión, ya que esta era de carácter voluntario. De este modo, y pese a que los jueces habían avalado las pretensiones de la acusación -Fiscalía también contaba con el apoyo de AVT y Dignidad y Justicia-, estas no pudieron llevarse a cabo ya que, ante la negativa de los administradores a permanecer en la sala, ya no había nadie a quien realizar el interrogatorio. En este contexto, el presidente de la sala, Ángel Hurtado, suspendió la sesión hasta el próximo 18 de noviembre, cuando está previsto que comience una nueva fase con las pruebas testificales.

El movimiento de los fiscales tiene su relevancia y está relacionado también con la figura legal que ocupan en el macrojuicio. Ya en un primer momento, la acusación descartó imputarles por «colaboración» con ETA, por lo que están personados únicamente como representantes de las herrikos, a las que se considera presuntas responsables civiles. Ante estas situaciones, la ley prevé que puedan estar presentes en la sala y manifestar su desacuerdo. Ese era el trámite al que, en un principio, se enfrentaban ayer. Sin embargo, el fiscal fue más allá y comenzó a realizar preguntas acerca de la presencia de miembros de HB en las juntas directivas, sobre la relación con las asociaciones culturales de personas anteriormente condenadas por su relación con ETA o, incluso, sobre el tipo de reuniones que se celebraban en sus locales.

Dos recesos

Esta maniobra se encontró con las protestas de la defensa, que alegó «indefensión» e «inseguridad jurídica». Por una parte, argumentando que la normativa solo prevé el trámite sobre el comiso. Por la otra, recordando que la ley procesal tampoco permite introducir nuevas pruebas -como los interrogatorios- que no apareciesen en los escritos de las partes. Pese a estas argumentaciones y, tras un primer receso de 15 minutos, el tribunal, con dos votos contra uno, avaló las preguntas del fiscal.

Ante esta situación, los abogados volvieron a oponerse y Leo Barañano, primero de los letrados en tomar la palabra, llegó a plantear la suspensión de la sesión.

Esto hubiese implicado que la próxima semana se habilitase una nueva jornada en la que, los administradores que lo deseasen, deberían de comparecer. Teniendo en cuenta que el imprevisto había generado disparidad de criterios entre la defensa, se abrió un nuevo receso. Tras una consulta general entre abogados y clientes, Barañano volvió a tomar la palabra en nombre de todos ellos para indicar que, en defensa de sus intereses, les habían recomendado que no estuviesen presentes, ya que la ausencia, además, se entiende como oposición a las pretensiones de la acusación de incautar todos los bienes de las herriko tabernak.

De este modo, y pese a que había recibido el aval de la sala, el fiscal no pudo formular sus preguntas -por lo que no constan en las sesione-, ya que no había representantes de herrikos a quienes interrogar. Por ello, el juez levantó la sesión y convocó a las partes para el próximo 18 de noviembre.