El Gobierno de UPN ha decidido volver a privatizar el polémico circuito de Los Arcos con el objetivo de «reducir costes y garantizar la continuidad de la actividad», según destacó ayer el portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, tras la habitual reunión semanal.

El circuito de Los Arcos comenzó a construirse impulsado por la iniciativa privada, a través de la empresa Samaniego, pero con el aval del Ejecutivo navarro. Pero, ante las dificultades financieras, el Gobierno rescató la sociedad. De este modo, en 2008, el 95% del capital de Circuito de Los Arcos S.L. era del Gobierno navarro y el 5% restante de Samaniego.

Las obras costaron más de 62 millones de euros y para hacer frente a ese gasto el Gobierno se vio obligado a endeudarse. Tras la construcción, el circuito ha seguido siendo un pozo sin fondo, ya que ha continuado generando pérdidas. Así, en 2010, año en el que se abrió, perdió 2,6 millones de euros.

Elena Torres, entonces consejera de Política Social en representación del PSN, explicó en el Parlamento que las pérdidas irían disminuyendo hasta que en 2014 dejarían de registrarse. Su sucesor tras la expulsión del PSN del Gobierno, Íñigo Alli, reconoció el pasado 10 de octubre, en el mismo Parlamento, que se perdieron otros 850.000 euros, aunque destacó que el resultado económico iba a mejor tras la inclusión de Los Arcos en el calendario de competiciones.

Sánchez de Muniáin, en cambio, señaló ayer que el circuito sigue perdiendo en torno a un millón de euros anuales, por lo que su arrendamiento para un periodo de cinco años supondría un ahorro de cinco millones. El problema de este planteamiento es encontrar a alguien que quiera arriesgarse a perder un millón de euros al año para gestionar un circuito.

No obstante, queda claro que las intenciones del Gobierno de Yolanda Barcina son volver a dejar en manos privadas el circuito de Los Arcos después de invertir cuantiosos fondos y justo en el momento en el que, según las previsiones de Torres, dejaría de dar pérdidas. El director general de la Corporación Pública Empresarial de Nafarroa (CPEN), Jorge San Miguel, informó al Ejecutivo de que existe interés de empresas por hacerse con la instalación, por lo que han decidido privatizarla «siendo conscientes de las dificultades que hoy en día ofrece el mercado».

«A nadie se le escapa la delicada coyuntura económica, pero también puede ser un momento interesante para calibrar si una empresa privada puede gestionar el circuito. El Gobierno de Navarra pretende que el circuito siga desempeñando su labor y su generación de actividad económica, pero está obligado a explorar si esto lo puede hacer con la colaboración de la iniciativa privada, sin que le cueste recursos económicos al Ejecutivo», señaló Sánchez de Muniáin.

La parlamentaria del PP Ana Beltrán aplaudió la privatización y dijo que «la optimización de los recursos en la Administración y su adelgazamiento son principios básicos para poder mantener servicios esenciales como la sanidad, la educación y las ayudas sociales».