Cáritas y Manos Unidas expresaron ayer su rechazo al denominado Sello Socialmente Comprometido que ha impulsado el Gobierno navarro y que conlleva mayores beneficios sociales a los donantes, porque consideran que limita su independencia y poder de decisión.

En una rueda de prensa, el delegado de Cáritas de Iruñea y Tutera, Ángel Iriarte, exigió al Parlamento navarro que retire la modificación de la ley que permite el sello y que «se ocupen de lo que es su responsabilidad», como garantizar el empleo y políticas inclusivas.

El Sello Socialmente Comprometido ofrece beneficios fiscales con deducciones del 40% frente al 25% de los donantes a organizaciones que no lo tengan. Iriarte explicó que para que Cáritas pueda disponer del sello, todos su proyectos tendrían que pasar por la aprobación del Gobierno navarro, lo que supondría una pérdida de independencia y una mayor burocratización.

Cubrir deficiencias

El delegado de Cáritas recordó que este organismo «cubre muchas deficiencias de la Administración», como el adelanto de las rentas de inclusión social, que el Gobierno navarro «ha pagado con descomunal retraso», y reclamó su derecho a mantener su identidad y su coherencia con su modo de trabajo, que se apoya en voluntarios y donantes privados, sin subvenciones públicas.

Por ello, Iriarte denunció que el sello supone una discriminación para los donantes de Cáritas, que tendrán una deducción menor que los que aporten dinero a colectivos que sí dispongan del visto bueno del Gobierno navarro.