El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su titular de Interior, Gideon Saar, aprobaron ayer cuatro planes de construcción para ampliar la colonización del territorio ocupado de Jerusalén Este, como parte de una compensación del Gobierno a los colonos y a la derecha más extrema por la decisión de excarcelar a 104 presos palestinos, en cuatro fases de 26, la mayoría de los cuales cumple condena desde antes de los Acuerdos de Oslo de 1993. La Autoridad Palestina (ANP) condenó la decisión, que consideró que «destruye» las conversaciones de paz reiniciadas bajo los auspicios de EEUU.

En la noche del martes al miércoles, las autoridades israelíes liberaron al segundo grupo de presos -21 de Cisjordania y 5 de Gaza- en lo que Tel Aviv define como gestos de buena voluntad de cara a la reanudación del diálogo con la ANP.

El primero de los grupos fue excarcelado el 13 de agosto y se espera que un tercero lo sea entre diciembre y enero y un cuarto, entre marzo y abril. Del grupo liberado ayer, tres pertenecen a Hamas, cuatro son miembros del FPLP y el resto, de Al-Fatah.

En la aldea de Burka, cerca de Naplusa (norte de Cisjordania), Mouayyad Hijjed, de 46 años y con 21 de prisión a sus espaldas, afirmó emocionado a AFP que «este es el momento más feliz de mi vida. Soy como aquel que ha vagado mucho tiempo por el desierto y al final encuentra agua».

La organización en defensa de los derechos de los presos Addameer estima que hay 5.007 palestinos en prisiones israelíes, de los que 137 siguen a la espera de juicio. 180 son menores de edad y 12, mujeres.

Este proceso de liberaciones ha provocado protestas entre los miembros más ultraderechistas de la coalición gubernamental. Y de ahí el nuevo impulso a la colonización. La mayoría de las 1.500 nuevas viviendas serán levantadas en colonias que Israel aspira a anexionarse en un futuro acuerdo de paz: Maale Adumin, Ariel y Beitar. También afectará a la periferia del barrio jerosolimitano de Ramat Shlomo, uno de los que rompe la continuidad territorial entre Jerusalén Este y Ramallah, al interponerse entre ambas. Además, Israel planea establecer un parque nacional en las laderas del monte Scopus, más allá de la frontera que había en la zona entre 1948 y 1967.

El portavoz presidencial de la ANP, Nabil Abu Rudeina, condenó la decisión y señaló que «esta política israelí es destructiva para el proceso de paz, transmite un mensaje a la comunidad internacional de que el Estado de Israel no respeta el derecho internacional y continúa poniendo obstáculos en el camino». Destacó que son los palestinos los que «pagan» las decisiones y necesidades de Netanyahu y recordó que, «son ilegales todos los asentamientos» construidos en tierras ocupadas.

El negociador Yasser Abed Rabbo, secretario general del Comité Ejecutivo de la OLP, dijo a AFP que «ligar la liberación de un nuevo grupo de prisioneros y el anuncio de la construcción de más de un millar de viviendas va en contra de todos los compromisos previos a las negociaciones» .

Por su parte Hamas, que gobierna Gaza, volvió a denunciar «las negociaciones de la ANP con el ocupante, que ahora sirven como fachada para sus crímenes».